Una vez más, los trabajadores del Bauen sufren la amenaza del desalojo. Fueron intimados a llegar a un acuerdo con el grupo Iurkovich, que reclama la propiedad del edificio, en el plazo de una semana. Si no lo cumplen, podrían ser desalojados por la fuerza.

La jueza María Paula Hualde citó a los referentes de la cooperativa a una audiencia en la que les comunicó este emplazamiento, que pone en riesgo 15 años de trabajo autogestionado. Según consignó el diario Página 12, este martes a las 18 los trabajadores harán un encuentro informativo abierto en el edificio de Callao 360 para dar a conocer la situación y definir cómo seguir.

El hotel está autogestionado hace 15 años y da trabajo a 90 familias. El Congreso Nacional llegó a aprobar una ley de expropiación en la última sesión de 2016, pero el presidente Mauricio Macri la vetó, dando paso otra vez al fantasma del desalojo.

Ahora, la cooperativa elevó un reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), planteando que un eventual desalojo afectará el derecho al trabajo, un derecho humano. En tanto, tiene estado parlamentario un nuevo proyecto de expropiación del hotel, impulsado por el diputado y jefe de la bancada del Frente Para la Victoria-Partido Justicialista, Agustín Rossi.

En el emblemático edificio de Callao al 300, que hoy funciona como una coordinación de cooperativas, también tienen lugar un almacén cooperativo donde el Movimiento Popular La Dignidad que comercializa productos elaborados por la economía popular; en su tercer piso funciona la redacción de La Garganta Poderosa; el hotel también alberga la redacción de la cooperativa Cítrica y a la cooperativa de gestión teatral El descubridor, que dirige Manuel Callau.

En paralelo con la nueva ofensiva judicial, el gobierno nacional y el porteño venían presionando a los cooperativistas. Este sábado se iba a reabrir la sala teatral del edificio para estrenar la obra “Yo, Feuerbach”, de la cooperativa teatral “El Descubridor”. Un día antes del estreno la Agencia Gubernamental de Control amenazó a los trabajadores con convocar a la fiscalía de turno si se realizaba la función, porque el hotel no cuenta con la habilitación correspondiente. Es el mismo Gobierno porteño el que se las niega.