Mientras en territorio porteño sigue el reclamo de los trabajadores y trabajadoras del subte por más investigaciones y medidas de seguridad ante las evidencias de presencia de asbesto en vagones del subte comprados al Metro de Madrid, en España fueron acusados siete directivos de esa compañía por la muerte de dos empleados y la enfermedad contraída por otros dos debido al contacto con esa sustancia cancerígena.

La Fiscalía de Madrid realizó la imputación por falta de prevención y de salud pública, porque los trabajadores cumplían sus funciones en los vagones CAF 5000, de la red local, que son iguales a los que funcionaban hasta el año pasado en la Línea B de subterráneos de Buenos Aires, cuando fueron retiraros de circulación ante la denuncia y el reclamo de los Metrodelegados.

Francisco “Pancho” Ledesma, secretario de Salud del sindicato que agrupa a los trabajadores del subte y el premetro, contó a Página/12 que presentaron una denuncia ante la justicia porteña para que se investiguen los posibles daños que pueden haber causado los CAF 5000 a los trabajadores argentinos y recordó que un estudio realizado por la Universidad Nacional del Sur reveló que “el 66 por ciento de los materiales que tienen los coches Mitsubishi que todavía forman parte de la flota de la Línea B tienen el mismo componente, el asbesto, también llamado amianto, cuyo uso está prohibido en todo el mundo y desde el año 2001 en la Argentina”.

Los tres Mitsubishi, de color rojo, todavía circulan por la Línea B y en forma reciente, el gremio de los metrodelegados descubrió que “en un lugar ubicado en la estación Chacarita, donde nuestros compañeros tienen un comedor, hay asientos que pertenecían a los CAF 5000, que fueron desactivados de la Línea B recién a fines del año pasado, luego de la denuncia que hicimos en febrero de 2018, cuando se conoció la primera muerte en España”.

Ledesma relató que esos asientos “habían sido pintados para disimular, pero con el tiempo se fue cayendo la pintura, de manera que ahora nuestros compañeros ya no van a ese lugar y están trabajando a reglamento”. Las medidas de protesta fueron acompañadas en los últimos días con apertura de molinetes y reparto de folletos entre los pasajeros “para que sepan también el riesgo que eso significa para todos”.

En Madrid, la acusación de la Fiscalía es por “la materialización de la situación de riesgo creada por la empresa y los (directivos) denunciados” porque han “expuesto a peligro grave a los trabajadores, dado que conocía la existencia de amianto en lugares y equipos y que se realizaban trabajos con riesgo sobre este material altamente peligroso”.

En Buenos Aires, los trabajadores de la línea B se realizaron estudios médicos “para saber si fueron afectados por el amianto que hay en las formaciones”. Los análisis llegaron después de que en diciembre pasado Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) reconociera lo que los trabajadores del subte ya sabían, porque lo habían denunciado un año antes.

“El problema que tenemos es que se está demorando la devolución de los estudios y nosotros queremos que nuestro médicos se puedan encontrar con los médicos de Metrovías, empresa que ya reconocía la existencia del problema, y con los médicos de la ART para evaluar los estudios de los 100 compañeros de los talleres de Rancagua y Villa Urquiza que se sometieron a análisis en el Hospital Británico”, explicó Ledesma, secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente de Trabajo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp).