* Por Gabriel Fuks


La Justicia finalmente está poniendo la responsabilidad del Estado en el centro de escena. La mayoría de los procesados en el caso Iron Mountain forman parte de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), lo que ratifica lo que muchos venimos señalando desde un principio: que la acción criminal del incendio nunca se hubiera desarrollado si no fuera por la ausencia de la acción estatal. Además, es importante que los responsables por el lado de la empresa encargados de la seguridad del establecimiento y los trabajadores estén dentro de esta lógica de procesamiento. 

Recordemos que hace tres años atrás, el peritaje policial confirmaba la intencionalidad del siniestro, dejando al descubierto la necesidad de borrar evidencia, algo que nunca se pudo corroborar. Lo que sí sabíamos es que la empresa guardaba papeles e información de muchas compañías extranjeras de gran envergadura, como por ejemplo el Banco HSBC.

Durante nuestro mandato legislativo, realizamos un riguroso seguimiento del caso y presentamos una serie de pedidos de informes, con el objetivo de recabar toda la información posible. En esa búsqueda nos encontramos con una cantidad de informes previos y avisos cruzados de distintas agencias estatales que ponían en claro la imposibilidad de mantener la habilitación del galpón de la calle Azara 1245.

Desde el Estado se hizo caso omiso ante esta situación y nunca se asumió la responsabilidad. En su momento, el extitular de la AGC, Juan José Gómez Centurión, se presentó para dar explicaciones en la Legislatura porteña. Sin embargo, negó la falta de controles por parte del Ejecutivo. Si bien se avanzó con el procesamiento de varios exfuncionarios, creemos que él también debería ser convocado por la Justicia, no sólo por ser la mayor autoridad del organismo, sino porque además fue durante su gestión que se perdió el expediente de habilitación, que nunca pudo ser reconstruido.

Esperemos se logre descubrir la verdad detrás de la tragedia, que tuvo como saldo la pérdida de diez servidores públicos durante la mañana del 5 de febrero de 2014, cuando se desplomó sobre ellos una de las paredes del depósito del año 1895 de la empresa Iron Mountain.

*Ex legislador porteño y actual defensor adjunto de la Ciudad.