Tras el fallo del juez Andrés Gallardo que ordenó suspender la actividad de las empresas de delivery Pedidos Ya, Glovo y Rappi, por las irregularidades en la contratación de trabajadores –entre otras cosas-, las compañías emitieron un comunicado y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, también anunció la apelación y cuestionó al magistrado, que salió a contestarles.

Las empresas manifestaron su "preocupación" por la suspensión "de la fuente de ingresos de un gran número de personas" y en el que aseguraron, entre otras cosas, que "cumplen con las normas y regulaciones locales y nacionales”.

Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, desmintió punto por punto las afirmaciones hechas en el comunicado, según consignó Página 12. “La actitud, evidentemente, es seguir confundiendo a la opinión pública. Se montan en un discurso sensible en el marco de una crisis económica, diciendo que generan empleos, pero la verdad es que eso no es empleo. Es una ocupación precarizada, sin estabilidad, sin seguro y sin la previsión social adecuada”, contrastó el magistrado.

“La ley local Nº 5526 (2016) establece cuáles son las condiciones bajo las cuales deben operar estas empresas. El juzgado realizó varios procedimientos de constatación que demostraron que esas condiciones no se cumplen: los repartidores circulan, en su gran mayoría, sin casco, con la mochila en la espalda, sin libreta sanitaria y sin señales luminosas”, detalló Gallardo a Página 12.

Además de cumplir "con las normas y regulaciones", en un comunicado las empresas aseguraron haber respondido "en tiempo y forma a las resoluciones dictadas anteriormente por el juzgado". "Eso -advirtió el magistrado- es absolutamente falso". De hecho, continuó, "todas las resoluciones fueron incumplidas. El comunicado, además, afirmaba que estas empresas generan "trabajo en blanco, tanto a través de la creación de puestos de trabajo directos como indirectos”. La ley, informó Gallardo, "dice que la relación entre mensajeros y la empresa de delivery es una relación de dependencia. Y la cámara, con claridad, señaló que estas empresas deben cumplir con la normativa laboral y previsional". Para que eso pase, continuó el magistrado, "las empresas tienen que estar inscriptas como empleadoras y los empleados como personal dependiente. Eso no ocurre, así que no hay relación en blanco. De hecho, las empresas fueron intimadas a entregar el listado de personal y no lo hicieron, porque no lo tienen registrado”.

En el lapso de 8 meses que duró el expediente, según relevó el juzgado a partir de los datos del Ministerio de Salud de la Ciudad, hubo “141 repartidores heridos, algunos de ellos muy graves, que por supuesto no fueron cubiertos por nadie. También registramos una muerte. Esto puede suceder mañana, pasado o cualquier día, porque las condiciones de precarización son totales”, opinó Gallardo.

Este lunes, luego de anunciar que apelarán el fallo, las empresas recusaron a Gallardo, por lo que el expediente pasó al juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15, a cargo de Víctor Trionfetti. El jefe de Gobierno porteño, por su parte, también anunció la apelación del fallo. Y opinó: “Lo de Gallardo es cualquier cosa. El tema es que después todas (las resoluciones) se las apelamos y se las ganamos”.

“Larreta está desinformando, porque la resolución que ejecuté el día viernes está confirmada por la Cámara de Apelaciones”, respondió Gallardo. Y aclaró: “Formalmente, tanto las empresas como el Gobierno pueden apelar. Pero la apelación va a ir a una sala que ya resolvió y que no va a ir en contra de lo que ya resolvió”. Además, remarcó que "fue su gobierno (el de Rodríguez Larreta) el que motorizó la ley 5526. Tendría que estar preocupado para que se cumpla la ley que él mismo promulgó, no pensando cómo apelar”.