La persecución contra los jardines maternales confirma la sospecha de que el Gobierno porteño quiere reemplazar los jardines maternales por los CPI, instituciones de cuidado y no educativas. Un retroceso de medio siglo. En la Ciudad faltan alrededor de 20 mil vacantes y más de la mitad corresponden al nivel inicial. Mientras se necesitan más jardines maternales, el Gobierno cierra uno de los lactarios más emblemáticos que existen en la Ciudad. En el 2019 el jardín maternal del Hospital Ramos Mejía dejará de existir y en la zona se instalará un Centro de Primera Infancia. También está en jaque el del Hospital Durand y el del Hospital Vélez Sarsfield fue trasladada a 30 cuadras del hospital.

El cierre del lactario del Hospital Ramos Mejía alcanzará también al jardín maternal hasta los 3 años. Es una muestra clara de la apuesta que el Gobierno porteño quiere hacer con la educación en la primera infancia: reemplazar los jardines maternales por los CPI.

Los Centros de Primera Infancia son gestionados de forma asociada entre el Gobierno de la Ciudad y organizaciones sociales que trabajan en los territorios donde se instalan los CPI. Los edificios pertenecen a las ONG, o éstas los alquilan, e implementan el proyecto. El Estado por su parte proporciona los recursos necesarios para que se pongan en funcionamiento  y le da a cada CPI un subsidio de $.3900 por cada chico que asiste.

Los sueldos de los docentes varían según cada CPI ya que son las organizaciones las que se encargan de la contratación del personal.

 

Los Centros de Primera Infancia no tienen ningún tipo de oferta educativa ya que no dependen del Ministerio de Educación sino del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Tampoco siguen ninguna currícula educativa: se trata de centros de asistenciales, no pedagógicos.

 

En ese sentido, la licenciada en Educación y especialista en políticas de primera infancia, Mónica Fernández, sostiene que “en la ciudad vemos que hay una clara decisión de dejar librada la franja de 0 a 3 años a una atención que dependa de las familias. Cuando las familias no los puede hacer aparecen los CPI que nada tienen que ver con la educación”, explicó a Diario Z.

 

Los Centros de Primera Infancia tampoco respetan la normativa educativa en la que tiene que haber una maestra cada 6 chicos en caso de que sea lactario o 7 en los deambulantes. “En muchos casos vemos que hay más niños de lo que debería haber en un jardín del Estado y esto está íntimamente relacionado con que no dependen del Ministerio de Educación”, agregó la especialista.

 

Se trata de lugares en los que se prioriza la atención, la asistencia por sobre la pedagogía. “Desde muy chiquitos los niños necesitan recibir diversas actividades acordes a su edad y a su aprendizaje para comenzar a conocer el mundo. Tiene que haber una proyección, para que empiecen a introducirse en el universo cultural: contacto con las artes, la literatura, lo lúdico”, señaló Mónica Fernández.

 

En ese sentido, agregó que “en los CPI se vulnera el derecho a la educación de los chicos en la medida que la atención está puesta en el cuidado y no en las propuestas de transmisión cultural pedagógicas”.

“Muchos de los Centros de Primera Infancia son instituciones confesionales que trabajan en los barrios populares. Resulta peligroso que el Estado deje librada la educación, que debería ser laica, a estas organizaciones”, sostuvo Fernández.

 

En los barrios ricos no se consiguen

 

Según los datos oficiales existen 76 CPI en la Ciudad a los que asisten once mil bebés, niños y niñas. La inmensa mayoría se concentra en el sur de la Capital: Villa Soldati, Bajo Flores, Villa 1.11.14, Piletones, Flores, Lugano, Mataderos, Barracas, La Boca y Constitución. Asisten los hijos de familias trabajadoras que no tienen el dinero suficiente para pagar un jardín privado.

Los barrios como Saavedra, Coghlan, Villa Devoto, Villa del Parque, Palermo o Recoleta no tienen ni siquiera un CPI.

“Decimos que se trata de jardines de segunda porque al no estar supervisados por el Ministerio de Educación se vuelven puro asistencialismo. En la Ciudad lo que más hace falta son jardines de infantes pero el Gobierno prefiere darle el mando a las ong que tercerizan los CPI en vez de crear los propios. Que no haya una política seria en la primera infancia se vuelve muy peligroso. No hay interés en el derecho a la educación de los niños”, aseguró la legisladora porteña de Unidad Ciudadana, Lorena Pokoik.

 

El gobierno no niega el carácter asistencial de los CPI. “Se trabaja diariamente en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos, para generar igualdad de oportunidades al momento de acceso a la educación oficial con respecto a otras niñas y niños de la Ciudad. Brindan atención desde una perspectiva integral, en un marco de contención, educación, asistencia alimentaria y nutricional, seguimiento y cuidado de la salud y promueven el desarrollo de vínculos familiares y hábitos saludables”, explicó a Diario Z la subsecretaria de Promoción Social, Agustina Señorans.

Señorans califica a los CPI como “espacios de cuidado” en vez de educativos. “Fortalecemos la autonomía económica de las madres de los niños que asisten, que pueden elegir mantener su jornada laboral, de esta misma manera se alienta a las mamás a alcanzar la terminalidad educativa y se dictan talleres de crianza destinados a los adultos responsables para erradicar la violencia intrafamiliar”, explica.

Docentes precarizados

Además de no tener un proyecto pedagógico para los chicos, los docentes de los Centros de Primera Infancia, no están amparados por el Estatuto Docente sino afiliados a UTEDYC. Mientras que una maestra que trabaja en un jardín maternal ganan $17 mil por jornada simple (3 horas y cuarto), una docente que trabaja en un CPI gana por la jornada completa (de 8 a 16) entre $17 mil y $18 mil sumado a que son monotributistas y no les pagan vacaciones ni aguinaldo.

“Estamos hablando de trabajo puramente precarizado. No es que queremos matar a los CPI pero pedimos que cumplan con las normativas correspondientes: que estén bajo la órbita del nivel Inicial de Educación y que cumplan con el Estatuto del Docente. No hay políticas de cuidado, no hay reglamento. Es una clara política de ajuste contra la educación”, dijo a Diario Z María José Gutiérrez, secretaria de Educación Inicial de UTE.

El legislador por el Partido Obrero, Gabriel Solano recuerda que los Centros de Primera Infancia surgieron durante el macrismo como “algo transitorio” ante la falta de vacantes en las escuelas públicas, sobre todo en los jardines de infantes. “La idea era que como no se podía construir de un día para el otro los jardines, admitieron una especie de educación sui generis mientras se iban construyendo escuelas. Pero eso nunca pasó:lo que iba a ser transitorio terminó siendo la regla y no la excepción”, aseguró a este portal.

Instituciones confesionales se empiezan a ocupar de los más chicos

Para Solano, que la primera infancia quede en manos de los CPI es sumamente peligroso. “No sólo porque hablamos de que los docentes están precarizados y no tienen derechos laborales, sino además algo muy grave es la cuestión edilicia: nadie los controla para verificar que estén en las condiciones adecuadas para que asistan niños. Ponen en peligro la vida de los pibes. En la mayoría de los casos no tienen la edificación correspondiente y adecuada para funcionar como instituciones para niños. Se trata de organizaciones sociales, Fundaciones o instituciones confesionales que comienzan a hacerse cargo de la educación de los más chicos”, señaló.

El legislador del FIT-PO sostiene que el problema de las vacantes se acrecentó con la inscripción online. “Ni los padres ni los directores de escuelas tienen números de cuántas personas se anotan, si tienen vacantes o cómo es la situación. Toda la información queda en manos del poder Ejecutivo. Hay casos en los que se denunciaron escuelas con muy pocos chicos anotados cuando hay disponibilidad en las instituciones. Sobre todo en los primeros años”, denunció. Por ese motivo, el bloque del PO enviará un proyecto para erradicar la inscripción online y dejar que sean las escuelas quienes administren las vacantes.

Fuente Diario Z