El día que la Legislatura sancionó la ley de Seguridad Pública con la que se creó la Policía de la Ciudad, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta se comprometió a dotar a los porteños de una policía “de cercanía con el vecino” y tolerancia 0 con la corrupción.

No explicó, esa mañana del 17 de noviembre de 2016, a qué clase de cercanía se refería. Porque la nueva fuerza -que está cerca de cumplir dos años- recrudeció el uso de la violencia institucional y se constituyó como el brazo armado de una política de gobierno orientada a privilegiar la represión por sobre la gestión.

Los casos de violencia policial son cotidianos. Aunque tal vez el viernes pasado haya cruzado un nuevo límite cuando un grupo de por lo menos siete efectivos y dos patrulleros de la Policía de la Ciudad intentó detener a un alumno de 15 años de la escuela Carlos Pellegrini que se encontraba en la puerta de la institución supuestamente con un cigarrillo de marihuana. Alumnos, profesores y padres impidieron que se llevaran al menor pero como respuesta recibieron golpes y fueron rociados con gas pimienta.

Se trata de una constante en muchísimos operativos. Ya lo vimos en la razzia del 8 de marzo, el Día de la Mujer; la represión desplegada al finalizar la marcha multitudinaria por la aparición con vida de Santiago Maldonado y en la reciente movilización contra la aprobación del presupuesto. Se ve a diario cuando se enfrentan a vendedores ambulantes y la violencia se recrudece si se trata de extranjeros.

“Estamos frente a una política que tiene como uno de sus pilares a la represión. Lo vemos en la calle y también en la declaración pública de los funcionarios que avalan el gatillo fácil y que todo el que quiera ande armado. Se trata de una decisión de ir en contra de los derechos de las personas y de un avance de la violencia institucional a los sectores más vulnerables”, explicó la legisladora Victoria Montenegro.

 

 

Más policía de la que hace falta

La Policía de la Ciudad comenzó a funcionar en enero del 2017 y se trata básicamente de una fusión entre la ex Policía Metropolitana y efectivos de la Policía Federal que fueron parte del traspaso. Hoy en día hay más de 20 mil efectivos traspasados de la fuerza federal a la Ciudad.

“Esta nueva fuerza sintetizó de la peor manera lo más peligroso de las fuerzas antecedentes: la militarización territorial por un lado, por eso la mayoría de los 30 casos de gatillo fácil que tenemos registrados en la ciudad no son de ex Metropolitana sino de ex federales; y el despliegue territorial frente a los conflictos sociales que ya vimos con anterioridad con la ex Metropolitana como fue la toma del Indoamericano, la represión en el Hospital Borda, etc”, explicó María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Para Correpi se trata de una lógica que se ve en la dirección de las políticas de las fuerzas de seguridad no sólo desde la Ciudad sino que “se viene aplicando desde del Gobierno Nacional en coordinación tanto con Capital Federal y con la Provincia de Buenos Aires. Estamos en una situación inédita para la Argentina donde por primera vez Nación, Ciudad y Provincia tienen un mismo mando político. Lo vemos claramente con la doctrina Chocobar“, explicó Verdú.

Buenos Aires es una de las ciudades más militarizadas del mundo. Actualmente hay 873 policías cada 100 mil habitantes cuando la recomendación de Naciones Unidas habla de 300 policías cada 100 mil habitantes.

“La Ciudad de Buenos Aires es superada en poco por el Vaticano, que sabemos por qué tiene tantos efectivos, pero acá un dato que llama poderosamente la atención. Además que haya más efectivos no significa que sea una ciudad segura. Claramente tenemos muchísima más policía de la que hace falta”, agregó María del Carmen Verdú.

Según el mapa del delito que publicó el gobierno porteño sobre datos del 2017, la cantidad de homicidios bajó pero los robos como autos, aumentaron. Hay que tener en cuenta que estas estadísticas se basan en las denuncias realizadas por lo que en muchos casos, cuando se trata de delitos menores como hurtos, ni siquiera son denunciados penalmente.

Menos comisarías de las que hacen falta

A principios de noviembre, comenzó una reestructuración de la Policía que implica una reorganización de las comisarías. Desde el Gobierno de la Ciudad dicen que el objetivo es transformarla en una comisaría más cercana, con vínculos con los vecinos. Desde la oposición aseguran que hasta ahora lo único logrado fue entorpecer la comunicación.

“Ahora las denuncias no se pueden hacer en todas las comisarías y hay vecinos a los que les quedan muy lejos las Comisarías Vecinales y en muchos casos se pierde la denuncia. Fue algo totalmente improvisado que confunde a los vecinos, a la propia policía y hasta la Justicia”, explicó la legisladora Montenegro.

El nuevo esquema deja de lado las 54 comisarías por barrio que existían hasta ahora para reorganizarse en 15  Comisarías Comunales y 28 Comisarías Vecinales: las comunales estarán destinadas a cinco áreas descentralizadas como Investigaciones, Policía Científica, Seguridad y Prevención, Violencia de Género y Planificación de Servicios; mientras que cada comisaría vecinal continuará recibiendo  consultas y denuncias de los vecinos. La reorganización de las comisarías finalizaría en cuatro años (2022) y habría 11 edificios menos. Según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se trata de lograr “mayor transparencia y proximidad con los vecinos. La idea es que haya más policías en las calles y no que estén en las comisarías”.

Para el bloque de Unidad Ciudadana esta reorganización es totalmente improvisada. “Por ejemplo en Villa Soldati la Comisaría Comunal queda en la puerta del barrio Olímpico lo que implica que los vecinos de Soldati tengan que caminar más de 25 cuadras, sin transporte público que los deje, para ir a hacer una denuncia. También se dejan zonas liberadas en los barrios. Es una forma maravillosa de dibujar el mapa del delito”, explicó Victoria Montenegro

Otras de las cuestiones que genera “estas nuevas disposiciones es que cuando detienen a una persona cometiendo un delito de flagrancia – vendedores ambulantes, detenidos en protestas sociales-  durante varias horas no se sabe dónde está esa persona hasta que no la alojan en una alcaldía o un fiscal toma intervención. Hay desconocimiento de la propia Justicia en cómo tiene que actuar”, explicó la legisladora.

 

Fuente Diario Z