Luego de las elecciones del 22 de octubre, el gobierno de Rodríguez Larreta comunicó una iniciativa que no casualmente había omitido de su plataforma electoral. Nos referimos a la presentación de un proyecto de ley para reemplazar los actuales 29 institutos de formación docente que tiene la Ciudad de Buenos Aires por una universidad, bautizada con el nombre marketinero de “Unicaba”. La decisión de dejar pasar las elecciones no fue casual; Larreta y su equipo de campaña tenían sobrados motivos para pensar que la eliminación de los 29 institutos de formación docente, la inmensa mayoría de ellos con una larga y prestigiosa trayectoria, iba a encontrar una fuerte oposición que podía influir negativamente en la elección. Y tenían razón: desde que se conoció el proyecto, las comunidades de los 29 institutos están en un estado de rebelión exigiendo su inmediato retiro de la Legislatura. El 12 de abril pasado 15.000 personas se movilizaron detrás de ese reclamo. Fue la mayor movilización realizada por este sector en toda su historia.

¿Jerarquización docente?

Según la ministra de Educación, Soledad Acuña, encargada de defender el proyecto en los medios de comunicación amigos, el objetivo que se persigue es la jerarquización de la formación docente, dado que la oferta que ofrece el sistema actual no alcanza a satisfacer la demanda. Inmediatamente este objetivo fue puesto en duda y con razón. Es que si realmente se quisiera que haya más y mejores docentes el gobierno tenía medidas elementales para tomar desde hace años, ya que son reclamos recurrentes de todos los sectores de la educación. Podría, por ejemplo, construir edificios para los institutos, ya que la mayoría funciona superpuestos a instituciones del nivel medio, primario e inicial. Podría, también, poner en marcha un plan de becas para los estudiantes. Según marcan las estadísticas, más del 70 % de los 28 mil estudiantes con los que cuenta hoy el sistema trabaja y encuentra enormes dificultades para conciliar su jornada laboral con la cursada y las prácticas. Por último y aunque sea obvio, podría incrementar los salarios docentes para incentivar y fomentar la profesión. En la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 3 años las paritarias docentes fueron cerradas unilateralmente por el gobierno por debajo de la inflación. Curiosa ´jerarquización´ es la que se pregona con salarios debajo de la línea de pobreza.

Educación y productividad

Una vez barrida la hojarasca del marketing oficial queda en evidencia una realidad incontrastable: la eliminación de los institutos de formación docente es una vuelta de tuerca más de la política de privatización, precarización y descalificación de la educación pública. No es casual que se dé en el marco del llamado Plan Maestro anunciado por el gobierno nacional, cuya redacción fue inspirada en los papers del Banco Mundial y la OCDE. La finalidad confesa de los mismos es precarizar la formación docente, mediante la eliminación del Estatuto, al que identifican con un privilegio corporativo, e introducir cláusulas de ´productividad´ y ´mérito´ para determinar el salario docente. El presidente Macri se pronunció en ese sentido cuando en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, propuso la creación de un ranking de colegios en el país. Pero hablar de ´productividad´ en materia educativa lleva a transformar a la escuela en una empresa. Por caso, si en una fábrica de salchichas diez obreros pasan de producir 100 mil salchichas por hora a 150 mil es claro que la productividad aumentó un 50 %. ¿Pero cómo se mide la productividad en una escuela? ¿Por la cantidad de egresados? ¿Por las notas obtenidas? ¿Por el nivel de repitencia? ¿Cómo se pondera el contexto social de los alumnos y su impacto en el proceso educativo? ¿Son, además, las pruebas del tipo “Operativo Aprender”, el método adecuado para hacer una evaluación externa? Ya en Estados Unidos varias voces de pedagogos se levantaron contra lo que llamaron la “industria de exámenes”. La especialista norteamericana Diane Ravitch alertó que la proliferación de exámenes había producido una verdadera distorsión, pues llevaba a las instituciones a concentrarse en los temas que iban a evaluar en detrimento del resto de las materias. Esto, porque la asignación del presupuesto dependía de las evaluaciones, así como también el salario de los docentes. Cuando Esteban Bullrich expuso este modelo en la Argentina, diciendo que los colegios con mejores puntajes serían premiados con bibliotecas, se le replicó que debía procederse de manera inversa, apoyando con más fuerza a los colegios con problemas. Lo elemental debió ser explicado a un ministro de Educación.
La eliminación de los 29 institutos de formación docente y su absorción por una única universidad traerá aparejado la pérdida de miles de puestos de trabajo. Si cuando se fusionan dos empresas el saldo final es una reducción de trabajadores, mucho más ocurrirá cuando la fusión alcanza a 29 institutos. Aunque la ley de manera genérica habla de estabilidad laboral, no dice qué pasará con los docentes que revisten sus cargos como interinos, que en muchos institutos son amplísima mayoría. Un funcionario del ministerio de Educación de la Nación que expuso en la Legislatura aclaró, por si hubiese dudas, que la estabilidad laboral no se puede garantizar porque será una decisión ´autónoma´ de la futura universidad. La ´productividad´, entonces, será el resultado de un achique significativo de la planta docente y administrativa.

Reforma laboral y contrarreforma educativa
La eliminación de los institutos de formación docente lejos está de ser una medida improvisada. Está jalonada con la reforma de la educación media, que el año pasado el gobierno de Rodríguez Larreta puso en marcha con la llamada “Secundaria del Futuro”. Las tomas estudiantiles que le hicieron frente desnudaron su finalidad descalificadora de la formación pedagógica. En línea con el régimen de pasantías que incluye la reforma laboral que Macri y Triaca quieren aprobar en el Congreso, la Secundaria del Futuro convertía al último año de la educación media en un ciclo de pasantías descalificadas, justificadas con el cuento de la unidad de la teoría y la práctica. Tal hecho va en detrimento, claro, del dictado de conocimientos científicos que le permitan al estudiante dotarse de una compresión crítica de la realidad. Los ´teóricos´ de la Secundaria del Futuro embellecen este proceso de descalificación pedagógica afirmando que el sistema educativo debe reemplazar la formación científica y teórica por los llamados ´conocimientos blandos´, término que se usa para denominar a los saberes instrumentales que se solicitan en el mercado de trabajo. Tales saberes se caracterizan por ser efímeros, pues alcanza con que se modifique determinada forma de trabajo o que se produzca una modificación tecnológica para que estos ´saberes blandos´ deban ser reemplazados por otros. De ahí que los pedagogos a sueldo del capital hablen insistentemente de la ´educación de por vida´, que no es otra cosa que un embellecimiento de una enseñanza limitada a saberes instrumentales y conocimientos efímeros. Bien visto, se pretende que la formación que las empresas deben dictar a sus trabajadores sea asumido ahora por el Estado, reduciendo los costos empresariales. De ese modo, la escuela se convierte en un apéndice de la empresa. En la Expo Joven realizada en el 2017, convocada para facilitar la salida laboral de la juventud, Macri se sumó a esta campaña llamando a los jóvenes a ´estudiar toda la vida´, como si la falta de trabajo para la juventud tuviera su origen en una cuestión de carencia en la formación y no en la falta de creación de puestos de trabajo por parte de la clase capitalista. Contra lo que dice Macri, en Argentina la fuerza de trabajo tiene una sobre-calificación relativa, en relación a los puestos de trabajo existentes. Esto significa, ni más ni menos, que la mayoría de los trabajadores realizan tareas por debajo de la calificación que tienen. La finalidad última de la creación de la Unicaba y la Secundaria del Futuro es poner fin a esa sobre-calificación mediante una descalificación de la educación. A un trabajo descalificado (que con la reforma laboral mediante lo será aún más) le sigue una educación descalificada.

¿Y las nuevas tecnologías?
Los pocos funcionarios que han dado la cara para justificar la eliminación de los 29 institutos de formación docente han apelado al caballito de batalla muy trillado de la necesidad de introducir la tecnología en el proceso pedagógico. No explicaron, sin embargo, por qué si es esta su finalidad en buena parte de los 29 institutos no están instaladas las redes de Wi Fi o donde sí la están, no funcionan; tampoco por qué no se distribuyen las Netbook para los estudiantes y docentes. Pero dejando estos ´pequeños´ detalles, digamos que la invocación a la tecnología no es inocente. Quien ofició como presentador del proyecto en la Legislatura fue el ingeniero químico Diego Meiriño, que hizo su carrera en la Editorial Santillana, una de las principales empresas que ofrece plataformas educativas virtuales. Como ocurre con Luis Caputo, encargado de tomar deuda mientras es propietario de una sociedad offshore, o con Aranguren, que fue simultáneamente ministro de Energía y accionista de Shell, aquí tenemos un funcionario que actúa de los dos lados del mostrador.
El carácter que cobra la incorporación de tecnología en el proceso pedagógico está determinado por la naturaleza social del régimen que lo realiza. Bajo el capitalismo, ha dado lugar a la promoción de la educación a distancia, cuyos promotores inicialmente la destacaron como la revolución pedagógica más importante en más de 2.000 años, ya que la forma del “ágora romana” que según ellos tenemos hasta hoy sería reemplazado por una educación no presencial, que podría ser dictada incluso desde otros países. Aquí al negocio de la venta de plataformas educativas se le suma la penetración de las universidades extranjeras en los países de la periferia y el aumento de la ´productividad´ docente, ya que uno sólo puede ser dictar clases a muchos más estudiantes que de forma presencial. Pero dejando por un momento este asunto en segundo orden, la ´educación a distancia´ tiende a reproducir un proceso pedagógico vertical y no democrático, ya que no permite el debate colectivo en las aulas.

Privatización y regimentación

El proyecto presentado por el gobierno de Rodríguez Larreta se limita a 15 artículos generales que no llegan a ocupar tres carillas. Demasiado poco para justificar la eliminación de los 29 institutos de formación docente de la Ciudad, todos ellos de larga trayectoria y reconocido prestigio. Pero por más escueto que sean, los 15 artículos son reveladores de la universidad que se pretende crear. Se la define como “autárquica”, lo cual supone que podrá generar sus propios recursos y administrarlos. ¿Querrán, por ejemplo, arancelar los postítulos que son hoy gratuitos? La pregunta corresponde porque es lo que ya sucede hoy en todas las universidades nacionales, empezando por la UBA. La generación de recursos propios permite al Estado desentenderse del sostenimiento material de la Universidad, y a la vez genera al interior de ésta una capa burocrática que se beneficia de este proceso de privatización. Los posgrados arancelados de las universidades nacionales en la Argentina llevaron a que muchas materias de grado pasen a los posgrados, sólo para poder cobrar por su cursada. Seguido a esto, muchos de los mejores docentes pasaron a dictar cursos en el ciclo de posgrados, para tener ingresos mayores. En sus artículos, además, no se asegura en ningún momento la estabilidad laboral de los docentes actuales, siendo además que la mayoría de ellos reviste hoy la categoría de interinos. Invocando la ´autonomía´ de la futura universidad, un funcionario enviado por el gobierno nacional a la Legislatura aclaró que la contratación de los docentes será una decisión que les corresponde a las futuras autoridades.
Así, dejó entrever que la fusión de 29 institutos en una única institución terminará con la eliminación de centenares de puestos de trabajo, tanto del personal docente como no docente.
Esta privatización que impulsa el proyecto de Larreta, asume la forma de una universidad manejada por el poder político. En la actualidad los 29 institutos tienen sus autoridades electas democráticamente por los claustros. En cambio, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad establece taxativamente que los estatutos de la Unicaba serán aprobados por el jefe de gobierno, o sea Rodríguez Larreta, y el rector interventor que gobernará los primeros 4 años también será nombrado por… Rodríguez Larreta. En una comunidad con una fuerte presencia opositora al gobierno, Rodríguez Larreta pretende manejar la formación docente de la Ciudad con funcionarios puestos a dedo. 

No pasarán

La insistencia del gobierno de Rodríguez Larreta en avanzar con su proyecto está generando una verdadera rebelión en los 29 institutos de formación docente. En todas las instituciones se realizan asambleas, jornadas y se adoptan iniciativas para fortalecer la lucha que está en curso. Existe la convicción profunda de que el gobierno y la Unicaba “no pasarán”. Llamamos a toda la población de la Ciudad y del conjunto del país a acompañar a los estudiantes, docentes y autoridades de los 29 institutos, porque la defensa de la educación pública es una lucha de todos.

* Legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero-Frente de Izquierda.