Los Hechos 


Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación, envió al Congreso un proyecto para otorgar el título de propiedad a quienes ocupen asentamientos informales en villas. Según declaraciones del Gobierno, esta ley, en caso de aprobarse, sería el primer gran paso necesario y previo a la urbanización.

Jimena Navata, candidata a Magister en Diseño y Gestión de Políticas Sociales y especialista en hábitat, vivienda y urbanismo, se refirió a esta medida: “Comenzar la urbanización con el otorgamiento de títulos es lo opuesto a lo que se debería hacer porque primero hay que pensar en las obras, la infraestructura, la provisión de servicios y recién después pensar en la regularización dominial como ultimo paso”. Para Navata aun es muy apresurado hablar de urbanización ya que el proyecto no habla de la utilidad que se le va a dar a estos relevamientos de barrios populares, ni tampoco de cuál va a ser su viabilidad económica. Si bien se contempla la conformación de un fideicomiso, resta ver si esa medida es suficiente para el cúmulo de obras que deben realizarse para urbanizar.

Algunas cifras
El proyecto tiene como destinatario a 4228 asentamientos distribuidos por todo el país y censados por el Registro Nacional de Barrios Populares, en donde viven 3 millones 500 mil personas. En general son viviendas que carecen de servicios básicos, están construidas con materiales precarios y emplazadas en zonas urbanas de más de 10 mil habitantes. En un 60 % son tierras que pertenecen a privados, mientras que un 40 % de esos barrios están ubicados en tierras del Estado.

En la Ciudad de Buenos Aires hay 15 villas y 24 asentamientos. Según un informe de la Secretaría de Habitat e Inclusión (SECHI) se estima que la población en villas es de 275 mil personas, cifras que no incluyen a los Barrios Rodrigo Bueno, La Carbonilla y el Playón de Chacarita. Por otra parte, según un relevamiento realizado por la organización TECHO de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el 96 % de los hogares en villas no tienen acceso al gas, el 93 % no tiene agua potable, sólo el 28 % tiene conexión cloacal y menos del 30 % tiene accesos asfaltados a sus hogares.

Según Jimena Navata, los procesos de urbanización en la Ciudad de Buenos Aires se centran principalmente en la Villa 31, que es donde más obras se realizaron debido a la centralidad de esa zona inmobiliaria, el financiamiento internacional que tiene su proyecto de urbanización y porque es utilizado como una especie de vidriera PRO para promocionar acciones de gobierno. “La urbanización de la 31 tiene una carga simbólica fuerte porque es la villa más antigua de la ciudad”, considera la especialista, quién además resalta que si no se hace un trabajo integral con las asociaciones de la sociedad civil y los vecinos, y esas tierras son incorporadas al mercado inmobiliario, se corre el riesgo de que venga una constructora, compre las tierras a sus nuevos dueños y rápidamente esos barrios que se intentaron establecer o urbanizar desaparezcan. “El desplazamiento de esos habitantes no va a ser por desalojo de la fuerza pública sino porque el mercado va a desplazar a esos habitantes ya que esas tierras se van a poder comprar libremente. En la Ciudad de Buenos Aires estamos discutiendo con los vecinos, el Gobierno y las organizaciones barriales opciones para que esas tierras, una vez hecha la inversión del estado, no sean cooptadas por el mercado. En este proyecto de ley estas instancias de discusión no están previstas”, admite Navata, quién forma parte de la discusión del proyecto de urbanización de la Villa 31.

 

El interés y el presupuesto

En cuanto a la ejecución presupuestaria en materia de vivienda, el Gobierno Nacional y de la Ciudad no tienen una tradición de inversión estatal en estas cuestiones específicas. En 2016 el Ministerio del Interior, del cual depende la política de vivienda, gastó apenas un 37 % de su presupuesto asignado y en lo que respecta a urbanización apenas un 22 %.

En la Ciudad de Buenos Aires, en el primer semestre de 2017 el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) sólo había ejecutado un 14 % del presupuesto, un 7 % al programa “Reintegración, integración y transformación de Villas” y apenas un 15 % en lo que respecta a Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental de la Villa 31.

Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el presupuesto de la Ciudad para las políticas de vivienda de este año,  “durante la última década se produjo un sostenido descenso de la partida asignada a la función vivienda, con excepción del año 2017 donde representó el 5.1 %. Sin embargo, para el 2018 se proyectó un presupuesto para el área que representa porcentualmente un 1 % menos que el presente año con respecto al presupuesto total de la Ciudad”.
Según el mismo informe, para el proyecto del 2018 se asignó al IVC 6 mil 18 millones de pesos, o sea un 24 % menos que el año pasado. Y si se remite al presupuesto asignado históricamente en 2007, cuando empezó la gestión PRO, el monto asignado para vivienda era del 3,5 %, mientras que en 2015 bajó a un 2,4 % del presupuesto total del distrito.

¿Cuál es el interés que subyace a la urbanización de las villas si lo que se observa año tras año luego de casi 11 años de gestión del PRO en la ciudad es la disminución del dinero asignado a viviendas para los habitantes de nuestra ciudad?

 

El negocio de las necesidades 
Un verdadero plan de urbanización debería acordar una seria planificación programática que se discuta entre los vecinos, las organizaciones de la sociedad civil y las diferentes jurisdicciones gubernamentales. Sin una abierta discusión para la elaboración de un plan que inserte estos barrios carenciados en la planificación urbana, se conduciría a insertar estas tierras dentro de un mercado inmobiliario que suele favorecer a constructoras e inversores amigos del Gobierno Nacional. No es así como se resuelven los problemas habitacionales y de vivienda que, según la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberían constituir un derecho.

El proyecto presentado por el Gobierno Nacional es un paso necesario para la urbanización, pero no es suficiente para el logro de una política a largo plazo que resuelva el problema de vivienda de los grandes centros urbanos del país. Si a las pruebas se remite en la Ciudad de Buenos Aires, si bien se están realizando grandes obras públicas que contribuyen a la urbanización, también es real que detrás de cada iniciativa para resolver cuestiones habitacionales hay grandes proyectos y negocios inmobiliarios con empresarios amigos del Gobierno.

Tal es el caso de la construcción de la Villa Olimpica, cercana a la Villa 20; la Villa Rodrigo Bueno, cercana a tierras que compró el Grupo IRSA hace 20 años y para las cuales ya tiene planificado un megaproyecto inmobiliario en lo que antes era la Ciudad Deportiva de Boca; y el Playón de Chacarita que está cercano a una serie de obras urbanas que se están realizando para revalorizar la zona: apertura de la avenida Triunvirato y reestructuración de los pasos a nivel del ferrocarril. Todo ello hace pensar si realmente la urbanización tiene que ver con un proyecto integral para la incorporación de la ciudad a la planificación urbana o simplemente responde a una necesidad de ocuparse de esos asentamientos para revaluar zonas en sus virtudes inmobiliarias.

La expropiación y el posterior otorgamiento de la titularidad de las casas sin poner el eje en el mejoramiento barrial más que contribuir a mejorar el déficit habitacional conduce a el establecimiento de un gran negocio inmobiliario. Restará ver si los proyectos del Gobierno conducen a que los vecinos de estos barrios sean garantes del derecho a la vivienda o si es un paso obligado que conducirá a algún negociado de los estadios gubernamentales.