Ya se había advertido que el proyecto del Presupuesto 2019 consideraba un brutal aumento de la deuda pública en relación con el PBI. A este cuadro se suma una modificacion para relajar los requisitos contemplados ante una eventual reestructuración de la deuda pública.

El objetivo es modificar la ley de Administración Financiera que dispone que, para que el Poder Ejecutivo pueda realizar una reestructuración de la deuda, debe cumplir con dos de tres condiciones: una mejora en el plazo de la deuda, en el monto o en los intereses.

El proyecto presentado por el Gobierno pretende modificar el artículo 65 de dicha ley con el objetivo de permitir “realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública […] atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero”.

“Este artículo habilita a un megacanje bajo las condiciones que imponga el mercado. Esto no lo vamos a permitir: el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la potestad de renegociar la deuda siempre que sea en beneficio para el erario. Con esta modificación, el Gobierno quiere cumplir con un requerimiento del FMI”, aseguró Diego Bossio.

Por su parte, el diputado Marco Lavagna advirtió que por el artículo octavo se autoriza al jefe de Gabinete a destinar fondos de préstamos de organismos financieros internacionales y de estados extranjeros al financiamiento no solo de gastos de capital (como estaba autorizado hasta ahora), sino también de gastos corrientes.

“Con la modificación de la ley de administración financiera se derivan dos grandes conclusiones: primero, la propuesta revela que en el Gobierno se está pensando en recurrir a reestructuraciones de deuda (considerando que, en el mismo presupuesto, se reconoce que a diciembre de 2018 el stock de deuda pública ascenderá al 87% del PBI) y segundo, el nuevo articulado permite suponer que las condiciones de esa reestructuración no favorecerán a la Argentina”, alertó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).