El asesinato de la concejala Marielle Franco, activista de izquierda, negra y lesbiana, conmovió no solo a Brasil sino a también a toda la región. La militarización de Rio de Janeiro y los movimientos golpistas que se ven en el país, con la detención del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la cabeza, siguen preocupando. Y a todo ello ahora se debe sumar otra muerte “para callar” a las personas.

Carlos Alexandre Pereira Maria fue encontrado muerto en Taquara, en la zona oeste de Río de Janeiro. La víctima trabajaba como asesor del concejal Marcello Siciliano (PHS) y la semana pasada había declarado como testigo en el caso de Marielle.

Según algunos medios, uno de los asesinos del ex funcionario gritó “a este hay que callarle la boca” y luego lo ejecutó. Luego llegaría la Policía y lo encontraría al joven negro de 37 años muerto dentro de un auto que también tenía rastros de disparos. 

En esa línea, un informe anual de Amnistía Internacional presentado en febrero ya le había dedicado un extenso capítulo al problema de la violencia de las fuerzas policiales y de seguridad en Brasil.

En ese documento se destacó que la altísima tasa de homicidios del país afecta principalmente a jóvenes de piel negra: se enumeraron numerosas operaciones policiales en favelas que terminan en tiroteos y se recogen las denuncias de pobladores y familiares de las víctimas que denuncian “matanzas” y ejecuciones extrajudiciales. También se consigna que el sistema penitenciario del país se encuentra superpoblado y que las detenciones son en condiciones “inhumanas”, allí el 64% de los detenidos son afrodescendientes.