Argentina 2020: plena negociación con los acreedores de la deuda externa y, en simultáneo, el gobierno de Alberto Fernández impulsa y ejecuta políticas de prioridad sobre los sectores más vulnerables, fundamentalmente a través de la Tarjeta Alimentaria y del Plan Remediar. Es decir, garantizar remedios y alimentos. Inédita esa imagen doble. Allí donde siempre hubo “o”, disyunción, exclusión, Alberto viene a traer una “y”. No es la deuda o el país, no es el tiempo o la sangre, no es la república o el pueblo, sino buscar la mejor negociación posible.

Esa negociación se encarna en la figura de un soldado desconocido: el ministro de Economía Martín Guzmán, que resulta un conocedor de los mercados estadounidenses donde se doctoró y trabajó, y rostro de unas relaciones no carnales, aunque sí cordiales, con la misión de organizar el problema de una manera “sustentable” (en criollo: pagar pero poder crecer). Todo ante un marzo que asomó como un mes tan clave como complejo por los futuros vencimientos.

Y esta simultaneidad (negociar deuda externa, pagar deuda interna) se hace a la vez, como decía Pappo, juntos a la par. Porque cuando algo se hace y después se ve cómo se financia: eso se llama prioridad. Se llama urgencia. Se llama justicia social sin tasas chinas. Porque exactamente esa es la realidad. No hay crecimiento, ni está claro desde dónde la economía podría empezar a encenderse.  

El pensador Jacques Rancière distinguía a la política no como la mera administración de lo existente sino como la contienda por quiénes entraban en la cuenta: ¿para quiénes tiene que alcanzar? Hacer entrar en la cuenta, a quienes no estaban en la cuenta. Con el juego de equilibristas entre la paritaria docente y las jubilaciones de privilegio de los jueces detrás, el gobierno hace entrar en la cuenta a quienes no tienen cuenta, ningún dólar imaginario o real que los ordene, a los del día a día, la rueda, literalmente, para poder vivir. Los últimos serán los primeros. Si el consumo no vuelve a nosotros, nosotros volvemos al consumo.

Un gobierno también son sus primeras políticas. Antes de ganar las elecciones, el Frente de Todos había impulsado y conseguido sancionar la ley de Emergencia Alimentaria, después vinieron las fotos del Consejo Federal Argentina contra el Hambre y, a pocos días de asumir, la presentación de Argentina contra el Hambre y la implementación de la Tarjeta Alimentaria. Y hay que aclarar siempre: la lucha contra el hambre no es sólo la lucha contra la desnutrición; es el derecho a comer “bien”, nutrientes, calidad.

El ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, lleva adelante este plan. Se trata de una medida directa: una tarjeta de crédito con una suma fija –de entre 4000 mil a 6000 mil pesos –, disponible sólo para comprar alimentos que se repone el tercer viernes de cada mes. Los y las beneficiarios son quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 6 años, personas con capacidades especiales que también reciben la AUH y embarazadas que reciben la asignación por embarazo. Sin mediaciones: es la ANSES la que avisa que se está en condiciones de retirar la tarjeta.

En “El primer alivio”, publicado en La Nación Trabajadora, Lucas Schaerer analiza el impacto de esa política y señala: “las últimas cifras del programa Argentina Contra el Hambre aseguran que 500 mil personas recibieron las tarjetas alimentarias, que en 24 distritos del conurbano bonaerense se repartieron unas 360 mil tarjetas, por lo que calculan unos 1.800 millones de pesos mensuales volcados a la economía”. Detrás de los números, personas de carne y hueso. Sobre todo: mujeres. Así Lucas Schaerer escribe sobre Vanina, 35 años, “madre/padre 24 x 24 horas porque no tiene con quien dejar a su hija: ‘El mes pasado fue la primera vez que usé la tarjeta. Me vino bárbaro. Todo lo que fue higiene y alimentación lo zafé muchísimo’. En el partido de San Martín, Vanina compra sobre todo verduras y lácteos. Siente que la tarjeta la ayuda a retomar una ‘crianza saludable’. A veces come salteado, pero no quiere que eso pase con su hija: ‘Los chicos tienen que comer bien’”.

A la Tarjeta Alimentaria se suma el Plan Remediar, en manos del ministerio de Salud a cargo de Ginés González García con la distribución de medicamentos gratis. La primera entrega ha sido de 14 mil botiquines en los 8500 centros de atención primaria que hay en todo el país. El plan incluye 50 medicamentos que cubren el 80 por ciento de las enfermedades. No casualmente estas dos políticas son “duhaldistas” –el Remediar, literalmente, es el relanzamiento de una política de 2002 creado por Eduardo Duhalde–. Pero volvamos al principio: las políticas sociales de emergencia que los gobiernos ejecutan en el principio son su mérito. Las políticas de emergencia que los gobiernos ejecutan después de la mitad de mandato hablan de su fracaso.

Estas políticas, en suma, resultan el punto en el cual Alberto Fernández ha sintetizado o simplificado su gobierno en medio de la crisis heredada. Hay otras áreas con velocidades más lentas o directamente paralizadas. Son áreas que viven en el compás de espera de esa negociación a la que le pusieron punto arbitrario en el tiempo: el 31 de marzo. Fecha caprichosa frente a la cual podemos encontrarnos con las manos vacías. Algo así como “el segundo semestre macrista” de la deuda. De hecho, el discurso presidencial del 1 de marzo pareció ejecutar un programa de ideas pero sin plata. Alberto se propuso avances sobre reformas y derechos (reforma judicial, intervención en la AFI, aborto), que contemplan una agenda institucional y de derechos. No habló prácticamente de obra pública, ni de un programa productivo. En el plano de surfeo de la “ola verde” y de los reclamos instituyentes es donde Alberto está dejando su marca de estilo. En la tradición del kirchnerismo originario: colocar la política al borde de la sociedad y tomar de ella las demandas.

“Estoy líquido” decía Mario Wainfeld que decía Néstor Kirchner las mañanas de su primer gobierno cuando pedía el detalle de las reservas. Estamos secos. El dinero se cobra, se emite o se pide prestado. Acaba de ocurrir lo primero. Tal como marca la ley de emergencia solidaria votada hace poco más de dos meses, acaba de poner a tope las retenciones a la soja (33%) y la reacción no se hizo esperar: un lockout patronal de cuatro días desde este lunes.  

Esto recién empieza.