Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti no tienen la mejores de las relaciones. Si bien tuvieron un interés común circunstancial, como fue la derrota electoral del kirchnerismo, una vez que Macri asumió la presidencia se multiplicaron los roces y tensiones con el máximo tribunal, y especialmente con Lorenzetti. Es más: a Macri le marcaron la cancha antes de asumir, cuando la Corte, que por entonces tenía una mayoría automática alineada a Lorenzetti, dispuso a los dos días del ballotage que el Estado Nacional tenía que devolverle miles de millones de pesos a las provincias de Santa Fe y San Luis de fondos coparticipables. 

Macri trató de devolver el golpe, con el nombramiento de dos nuevos miembros de la Corte por decreto, algo que no sólo fue mal visto por Lorenzetti sino por un amplio espectro político, lo que lo llevó a dar marcha atrás. Aunque no todos fueron encontronazos: a los pocos días de sentarse en el sillón de Rivadavia, Macri puso en manos de la Corte la oficina de escuchas telefónicas, que con los meses creció de forma desproporcionada hasta convertirse en una suerte de agencia de inteligencia paralela. 

Ahora las tensiones se profundizaron, y la Corte le puso un freno a los múltiples traslados que estaba digitando el Gobierno dentro del Poder Judicial. Más puntualmente, la Corte en pleno decidió que se sortee nuevamente el tribunal que juzgará a Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y otros por la insostenible denuncia del fallecido fiscal Natalio Alberto Nisman. El motivo: el juicio había caído no casualmente en el Tribunal Oral Federal 9, cuyos jueces fueron puestos a dedos por el Gobierno. 

Dentro de la Corte, sin embargo, se vieron las divisiones que genera el alineamiento con el Gobierno. Los cortesanos Lorenzzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti indicaron además que los traslados de los jueces de un tribunal ordinario a otro federal eran irregulares, ya que se saltearon la instancia del Senado, por lo que no podían ejercer ese cargo. Por el contrario, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz escribieron su voto con tinta amarilla y avalaron, en minoría, las designaciones a dedo del macrismo. 

¿Que está en juego? No sólo que la Corte cuida su jardín, sino quien será el próximo presidente del máximo tribunal del país. Si Lorenzetti, que aspira a su re re reelección, o Rosenkratnz, que cuenta con el aval no solo del Gobierno sino del Grupo Clarin, su ex (¿ex?) cliente. 

Con esta decisión de la Corte, que quedó plasmada en la Acordada 4, hay varios amigos del Gobierno que empezarán a preocuparse. Uno, en particular, es Carlos Mahiques, que pasó de ministro de Justicia de María Eugenia Vidal a miembro de la Cámara de Casación Penal por simple traslado, sin concursar. Su hijo, Juan Bautista Mahiques, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y punta de lanza del festival de traslados que impulsa el Gobierno.

Las operetas que caen (tarde)

“Miriam Quiroga denunció bolsos que al final no existían. Los frenos de los trenes funcionaban perfectamente. Cassanello nunca fue a reuniones en Olivos. La pericia de Bonadio sobre el gas era trucha y copiada de Wikipedia. Las supuestas cuentas de Máximo y Garre no eran reales...”. El listado lo publicó la abogada Graciana Peñafort en su cuenta de Twitter, y resume al dedillo la principal característica de los últimos días judiciales: el desplome de varias de las operaciones mediático-judiciales cuyo único objetivo era esmerilar la imagen del kirchnerismo de cara a las elecciones de octubre de 2015. 

En todas esas operaciones hubo un modus operandi. La plataforma, el Grupo Clarín y sus satélites. El mensaje, el kirchnerismo era el Gobierno más corrupto de la historia. Los ejecutores, jueces y fiscales serviles. Los peones, diputados u ONGs prestas a denunciar con nota de Clarín en mano. El móvil, que Mauricio Macri ganara las elecciones presidenciales de 2015. 

Ni cuentas

El caso más emblemático que se derrumbó esta semana fue la falsa acusación a Máximo Kirchner y Nilda Garré. El 31 de marzo de 2015, inicio del año electoral, Clarín puso como título central de tapa, a 5 columnas: “Máximo sería cotitular de dos cuentas secretas”. La nota fue lo que el propio acusado definió como “la fiesta del condicional”. Solo en el primer párrafo se cuentan 4. Dos días antes, el mismo diario publicó: “Revelan que Garré habría manejado dos cuentas en Irán”. Siempre el condicional. 

Hace pocos días la información fue desmentida desde Estados Unidos e Irán, en respuesta a exhortos que envió el juez Marcelo Martinez de Giorgi. Ante esto, el diario de Héctor Magnetto sostuvo: “Clarín ya había publicado cuatro aclaraciones sobre esa nota. La primera el mismo 29 de marzo del 2015, junto a la nota principal, a través de una entrevista a Garré en la que negaba haber manejado cuentas ocultas. Luego el 1° de abril una desmentida de Máximo Kirchner a esa nota y otra publicada por la revista brasileña Veja. Después el 12 de abril del mismo año publicó que el banco CNB (que había absorbido al Felton) había negado que tuviera una cuenta a nombre de Garré. Y el 29 de mayo del 2015 publicó que Belice negó tener una empresa Business and Service IBC estuviera registrado en ese país caribeño”.  Lo que no hizo fue reconocer que mintió y poner en tapa la información que desmiente su operación. La razón es clara: la operación tuvo éxito. La desmentida llega 3 años tarde. 

Ni bolsos

El programa Periodismo Para Todos, comandado por Jorge Lanata, fue punta de lanza de varias de las operaciones anti-k. En el caso de Miriam Quiriga, aprovechó la pantalla de El Trece para contar que, como supuesta secretaria de Néstor Kirchner, vio como se llenaban bolsos de dinero para enviar al sur. Esta semana, la Cámara de Casación cerró el caso. Dijo que “los hechos no existieron”. Lo resolvieron los jueces Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, nada cercanos al kirchnerismo. Su colega Carlos Mahiques, puesto a dedo y sin concurso en la máxima instancia penal del país, intentó devolver la gentileza al Gobierno pero su voto para reabrir el caso quedó en soledad. El periodista Raúl Kollmann resumió la decisión de los jueces: “Según el fallo que ahora quedó firme, Quiroga nunca fue secretaria de Kirchner, que su oficina no estaba enfrente sino a 70 metros de la del santacruceño, que ella misma dio marcha atrás y dijo que sólo una vez vio un bolso, pero que no supo si tenía dinero y que, para colmo, fue desmentida en forma lapidaria por un policía federal, que fue pareja de Quiroga en la época de los hechos”. 

Martes 13 sin derechos

Hace pocos días el Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), denunció que el Gobierno porteño compró vagones con materiales cancerígenos. Esas unidades ya fueron criticadas porque se trata de vagones usados del subte de Madrid. Frente a esto, el martes hubo un paro a partir de las 20 horas. El mismo martes, la Corte Suprema dejó firme un fallo que declaró la nulidad de la personería gremial para el sindicato que conduce Pianelli. ¿Casualidad? 

El mismo martes la jueza Adriana Cammarata rechazó un amparo que pedía la inconstitucionalidad de la ley de recorte a los jubilados, bautizada por el Gobierno como Reforma Previsional. El abogado previsional Miguel Fernández Pastor, experto en temas previsionales, ya apeló la decisión, que deberá resolverse en la Cámara Federal de Seguridad Social aunque todo indica que será la Corte Suprema la que tenga la palabra final.  

El Gobierno, sin embargo, tiene otra estrategia en curso. La demanda de Fernández Pastor está separada de otras que concentra el juez subrogante Fernando Strasser. Strasser aceptó el pedido del Gobierno de unificar las causas contra el saqueo previsional mientras tiene su pliego enviado al Senado para ser juez titular, algo que depende de la voluntad de Macri y sus senadores díscolos. 

Curreo y traslados

Mientras demoran in eternum el pago de su multimillonaria deuda con el Estado, los Macri pretenden apurar el cobro al mismo Estado. Entre las varias demandas que radicaron en el fuero Contencioso Aministrativo, ahora presentaron un escrito para que se dicte sentencia sobre el pedido de inconstitucionalidad del decreto 721 del 2004, que creó el Correo Oficial de la República Argentina S.A. 

Macri, además, no pierde tiempo en el armado del equipo judicial. El jueves, el Consejo de la Magistratura confirmó una serie de traslados que no son más que un movimiento de fichas a puestos clave que le interesan al Gobierno. El más relevante, el de Leopoldo Bruglia, que ya fue designado a dedo en la Cámara Federal que opera de segunda instancia en Comodoro Py y, en consecuencia, definió los casos clave en linea a los intereses macristas. El jueves, con los votos de los consejeros Pablo Tonelli, Juan Mahiques, Luis Maria Cabral, Adriana Donato, Mario Negri, Miguel Piedecasas, Leónidas Moldes, Rodolfo Urtubey y Angel Rozas, el Gobierno logró confirmar su traslado. Se garantiza así un juez clave para las causas contra opositores que le interese mantener en vilo.