Primera condena a seis prefectos en la era Bullrich

En una histórica sentencia seis prefectos que torturaron a Iván y Ezequiel, dos pibes de 15 y 18 años que viven en la villa 21-24 de barracas fueron condenados. 

Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya son los nombres de la lucha y la resistencia de un barrio organizado y dispuesto a decir basta. 

Cuando el Juez del Tribunal Oral en lo Criminal 9 leyó la sentencia y condenó a los seis prefectos a condenas entre 8 y 10 años de prisión por delitos de tortura, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y robo agravado y calificado, el alivio en la sala fue enorme. “Como a los nazis, les va a pasar a donde vayan los iremos a buscar”, cantaban Iván, Ezequiel, sus familiares y compañeros. Porque saben, en un país donde un Presidente y una ministra de Seguridad felicitan y galardonan a policías que matan a ladrones a sangre fría, hoy esta sentencia cobra un significado aún mayor. Es el primer juicio oral a Prefectura durante la gestión de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Y la condena es ejemplar. 

Hace exactamente dos años, la noche del 24 de septiembre de 2016, Iván Navarro—que tenía 18 años—volvía caminando a su casa cuando vio que en una esquina, un grupo de agentes de la Prefectura requisaba a Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años. Para Iván ya era moneda corriente ver que un agente de seguridad los requisara solo por portación de cara, pero se acercó a ver qué pasaba. Al verlo, los agentes le pidieron el DNI a él también y lo requisaron. A los pocos minutos llegaron refuerzos: cinco móviles con más de 20 prefectos.

Los esposaron y los cargaron en un móvil sin ningún tipo de explicación. Los llevaron a un destacamento, los encerraron en un cuartito, los verduguearon y les pegaron. “Negros”, “villeros”, “chorros” eran los “insultos” que recibían sin cesar. Después los llevaron a un descampado frente al Riachuelo, donde los volvieron a torturar y simularon un fusilamiento. Les volvieron a pegar, los desnudaron, le robaron sus cosas y los dejaron ir. Pero Iván y Ezequiel llegaron y contaron. Y ni sus familias ni la organización social de su barrio se quedaron callados. Hicieron la denuncia y visibilizaron el caso, siempre acompañados por la organización social y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Pero no fue fácil. 

“Ahí va el buchón, vamos a agarrarlo”, escuchó una vez mientras volvía de declarar en el juicio que comenzó el 11 de mayo de 2018, un año y medio después del hecho. La tortura psicológica no había terminado.

“La centralidad de este caso es que se demostró que los jóvenes fueron golpeados, que sufrieron amenazas de fusilamiento, que fueron discriminados por su condición de pobres y por el lugar en el que viven. Y que todo eso constituye el delito de tortura”, explicaron Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti, abogados de La Poderosa y miembros de la Campaña contra la Violencia Institucional. 

“Durante el juicio lo que se demostró es la radiografía de las rutinas naturalizadas ilegales de las fuerzas de seguridad en muchos barrios.  Esto es lo que se llama ´tortura oblicua´. Es decir, no es la ´típica tortura con picana eléctrica, sino que el Tribunal entendió que un conjunto de amenazas, golpes, desnudez y discriminación, entre otras cosas, no es vejación, como siempre en estos casos, sino que es tortura. Eso es lo inédito”.