La Corte Suprema rechazó el planteo que presentaron los Macri para evitar la investigación sobre presuntas maniobras de vaciamiento del Correo Argentino, como denunció la fiscal Gabriela Boquín. Las firmas Socma y Sideco son las protagonistas claves de estos movimientos. Correo mantiene su posición de negarse a dejar que la Cámara Comercial estudie los movimientos de dichas empresas. Sin embargo, mediante una breve resolución aceptada en forma unánime, el tribunal allana el camino para investigar las firmas. Como resultado, podría modificarse la posible declaración de quiebra y las empresas del grupo deberían afrontar las deudas que el grupo Macri pretende trasladar al Estado.

Boquín denunció múltiples intentos de Correo de acordar con el Estado -en tiempos de gestión macrista- para licuar casi la totalidad de las deudas de la firma con las arcas públicas, una cifra que supera ya los 4500 millones. Según la investigación de la fiscal, durante el año 2016 salieron pagos por alrededor de 10 millones de pesos “en perjuicio de las cuentas del concurso” y “en beneficio de las empresas del grupo”. Parte de ese dinero se utilizó en hacer pagos a las controlantes, como ser sueldos, alquileres, insumos y honorarios. También figuran préstamos millonarios al Correo y compra de acciones para negocios automotrices. Todo ésto siendo que Correo es una firma declarada inactiva. 

Boquín fue perseguida insistentemente para intentar que abandone la investigación, pero fue fuertemente respaldada por el tribunal que llevó adelante los peritajes. El perito de la Corte realizó un informe preliminar sin grades avances, en el que señala, por ejemplo, que la compra de acciones no significó ingresos para Correo, o que la firma contaba con dinero que se había utilizado para gastos ordinarios. La fiscal impugnó estos resultados, ya que este estudio no había incluído la totalidad de los libros. Correo no quiso hacer entrega del material completo y además admitió haber tirado mucha documentación que respalda movimientos.  

El objetivo de la fiscalía es demostrar que el vaciamiento fue provocado intencionalmente por Socma y Sideco. De declararse en quiebra Correo, se apunta a que ambas firmas sean las que deban responder en su nombre. Ambas son manejadas por los hermanos del ex presidente. Gianfranco, el más complicado, ya está judicializado por la causa de los parques eólicos. 

Además de este vaciamiento, Boquín denuncia desvíos de fondos por al menos 35 millones de pesos a abogados afines, como Pablo Tonelli y Pablo Cusellas, a consultoras y agencias publicitarias. 

Desde la cancelación del acuerdo entre Correo y Estado, la corte falló siempre en contra de la empresa y sus intentos de lidación. Actualmente, tras 18 años de proceso, la Cámara ordenó abrir el salvataje para posibles compradores de las acciones de Correo que puedan permitirle salvar sus deudas. La empresa se opuso y la fiscalía ordenó la intervención del Correo. 

Fuente: Página 12