El Poder Ejecutivo anunció la nulidad de un DNU firmado por Macri a pocos días del fin de su gestión, el cual transfería el programa de protección de testigos a manos del Poder Judicial, poniendo en evidencia la intención de que el programa quedase por fuera de la órbita del nuevo gobierno. El proyecto de traslado de Macri nunca se hizo efectivo, ya que la justicia no quiso hacerse cargo de testigos muy complejos como Fariña, José López, Oscar Centeno o Alejandro Vandenbroele.

Esta transferencia fue llevada adelante por Mauricio Macri y Germán Garavano, y el objetivo fue quitarle al Poder Ejecutivo control sobre lo relacionado a testigos protegidos. Las irregularidades en el manejo de estos testigos son múltiples y conocidas: Centeno declaró que quemó los cuadernos en una parrilla y a fin de año los cuadernos aparecieron intactos. Fariña asegura que le guionaron la declaración en la causa de la obra pública desde la Agencia Federal de Inteligencia y Vandenbroele fue protagonista de la sorpresa de las últimas semanas, cuando se descubrió que el Poder Ejecutivo le financió el establecimiento de un hotel en Mendoza. José López declaró en el juicio por los dólares que tiró en un convento que ese dinero se lo había entregado un secretario de CFK, pero en el juicio se demostró que él fue acumulando los nueve millones de dólares, casi seguro provenientes de coimas.

El 28 de noviembre pasado, 12 días antes de irse de la Rosada, Macri firmó aquel DNU transfiriendo el programa al aparato judicial y poniendo al frente de él al presidente de la Cámara de Casación. En ese momento, cinco magistrados --Alejandro Slokar, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci, Ana María Figueroa y Javier Carbajo-- le dirigieron una carta al entonces titular de la Casación, Carlos Mahiques --hombre de confianza de Cambiemos--, pronunciándose en contra de la transferencia del programa. Los jueces dijeron que no existía ni necesidad ni urgencia para dictar el decreto y que el Poder Ejecutivo no podía arrogarse facultades del Legislativo. Esa oposición hizo que, en realidad, el pase nunca se concretara y todo iba a ser ahora más difícil porque la actual presidenta de la Casación es Angela Ledesma, una de las firmantes de la carta opuesta a la transferencia.

 

 

Fuente: Página 12

 

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