La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, nunca controló que se cumpla con la instrucción de la ley 14.897, mediante la cual todo colectivo que transite por la provincia debe contar con una cámara de seguridad. El objetivo es claro: con mayores controles en el transporte público los ladrones pensarán dos veces en actuar o no porque podrían ser identificados más fácilmente. Pero, claro, esto sigue siendo tan solo una directiva al aire.

La muerte del joven chofer de la línea 620 en La Matanza reavivó la polémica sobre el rol del Estado en este tipo de casos de inseguridad brutal. Y tal como muchos lo señalaron hay una normativa que Vidal ignoró por completo.

 

 

La ley 14.897, sancionada en 2017, estipula que los colectivos de pasajeros que tengan jurisdicción en la provincia de Buenos Aires deberán tener cámaras de seguridad que filmen en tiempo real y almacenen imágenes durante un cierto período.

Y si bien se plantea que son las empresas las que deberán instalarlos, no el Gobierno, el control nunca se realizó. Según se indica, el objetivo es “prevenir episodios de violencia a bordo y servir para investigaciones judiciales o juzgamientos de causas penales“.