La diputada Radical Aída Ayala se encuentra procesada por los supuestos delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.

Las acusaciones son el marco de una causa que investiga la negociación de contratos para la recolección de residuos al momento en que Ayala fuera Intendenta de Resistencia, Chaco.

Previo al fallo de Casación, la jueza Zunilda Niremperger había determinado la exención de prisión de la diputada, lo que dio lugar a que, a principios de junio, Pablo Tonelli diera lugar a la apertura de la comisión de Asuntos Constitucionales para aprobar el pase archivo del pedido de desafuero.

Sin embargo, la sala IV de Casación, a cargo de Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, determinó la anulación de lo decidido por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.