A pedido de la fiscal Graciela Boquín, se ordenó un peritaje en manos de especialistas de la Suprema Corte.

Según el sitio del Ministerio Público Fiscal, las camaristas María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde E. Ballerini recordaron que la presentación de Boquín se produjo luego de que el Juzgado N°6 dispusiera que las sindicaturas actuantes en el proceso realizaran un informe conjunto “a efectos de obtener los datos requeridos por la Sra. Fiscal de Cámara”.

La fiscal fue quien frenó el acuerdo que propiciaba la quita casi total de la deuda que tenía el holding Macri con el Estado, por considerarlo “abusivo y perjudicial”. La empresa decidió recusarla, pero la Corte Suprema decidió rechazar dicha solicitud.

Para la representante del Ministerio Público Fiscal, ello causaba un agravio porque “la decisión importó una virtual neutralización de la investigación requerida y una obstrucción al cumplimiento de sus funciones”; “designa a los mismos síndicos ya actuantes”; “no dispone la producción de la prueba conforme fuera requerido”; “omite expedirse sobre la compulsa en libros” de las sociedades Socma Argentina SA y Sideco Sudamericana SA y “no se pronunció sobre la designación de un consultor técnico de su parte”.

Aceptar el acuerdo con la familia Macri implicaba absorber su deuda, que llegaría a los $70 mil millones de pérdida en el año 2033, según había estimado Boquin quien denunció el vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de Sideco y Socma en su dictamen del 28 de abril de 2017.

 

Fuente: Minuto 1