El fiscal Jorge Di Lello abrió una causa donde investiga las denuncias de trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que fueron obligados a participar de la campaña electoral de Juntos por el Cambio.

Los trabajadores expresaron que, bajo amenaza de perder sus empleos, fueron obligados a participar de la campaña macrista tanto en timbreos, como en call center, volanteadas y otras formas.

La ley prohíbe dicho manejo y constituiría una infracción al Código Electoral.

Florencia Rodríguez y Lucía Sánchez Vilar, dos trabajadoras del Autódromo porteño, ratificaron este jueves su denuncia. Acompañadas por abogados de la Asociación del Trabajadores del Estado (ATE) Capital, dieron sus testimonios ante la Justicia a pesar de que siguen yendo todos los días a trabajar y que saben que sus contratos, que vencen en diciembre, podrían no ser renovados.

Las cientos de denuncias que existen contra el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pueden leerse en la página web (https://noesmitrabajo.com/). Allí se reunen testimonios de esta índole incluso a nivel nacional. La mayor parte de las declaraciones son anónimas, ante el temor de los afectados de perder su trabajo. 

“Se hicieron reuniones con todo el equipo en las que se nos indicaba que por 'órdenes de arriba' teníamos que participar de actividades de campaña: volanteadas, actos políticos, timbreos, presencias en los calle center”, contó Florencia Rodríguez. A le indicaron que tenía que ir a volantear a Belgrano. Respondió, por mail, que no iba a ir. Desde entonces ya no hubo órdenes por escrito, sólo en persona.

Las amenazas que recibieron los trabajadores que se negaban a participar fueron explícitas:  les decían que si no se sumaban a algún evento, tarde o temprano se iba a tener que ir del gobierno porteño por su “falta de compromiso”. Así lo dejó escrito la trabajadora ante Di Lello.

“Me pidieron ir a volantear, como a todos los del autódromo. Boleta completa con Macri y sólo boletas de Larreta. Y a todos nos amenazaron con echarnos si no lo hacíamos”, dijo Lucía Sánchez a Página 12. A las dos denunciantes les cambiaron la oficina, las alejaron de sus compañeros y temen por su futuro laboral.

 

Fuente: Nueva Ciudad