El Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios para toda la Administración Pública Nacional: ministerios, secretarías y oficinas de la Casa Rosada, organismos que están en todas las provincias.

Se aplica a trabajadores de planta permanente, a quienes no pueden despedir con una “no renovación” de contrato – acción por la cual han optado hasta ahora.

La propuesta de que los estatales se vayan por decisión propia evitaría reclamos judiciales y avanza, además, en ese objetivo de mantener activas solo “dotaciones óptimas”, lo que –según los cálculos- obligaría el despido de 30.000 estatales nacionales más.

Ahora bien, el carácter “voluntario” del retiro queda cuestionado cuando la enorme mayoría de los trabajadores estatales se encuentran con salarios por debajo de la canasta familiar. Con esta oferta apelan a la desesperación de familias fuertemente endeudadas o con dificultades para llegar a fin de mes. Pero incluso en términos indemnizatorios es una estafa: el macrismo propone, en el mejor de los casos, para trabajadores de más de 10 años de antigüedad, una indemnización correspondiente a 4 salarios sumado a 2 años del 70% del sueldo actual que quedará rápidamente desvalorizado por devaluación e inflación.