Según publica el portal Tiempo Argentino, se sospecha que, durante noviembre de 2015 y abril de 2016, el fiscal Marijuán habría ordenado a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina que realice tareas de inteligencia, concretamente, en ocho sedes del CBC (Ciclo Básico Común) de la Universidad de Buenos Aires.

Dicha orden estaría faltando a la Ley de Educación Superior, que establece que la fuerza pública no puede ingresar en universidades nacionales sin contar, previamente, con la orden escrita y fundada de un juez.

Fue por ello que un grupo de estudiantes de la UBA (Universidad de Buenos Aires) presentaron una denuncia contra el fiscal, por presunto espionaje ilegal.

El marco en el que, supuestamente, se llevó adelante dicha tarea, fue el de una causa del año 2015, a partir de la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans contra los que fueran, en ese entonces, copresidentes de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y el extitular de la Inspección General de Justicia, acusados de una supuesta administración fraudulenta.

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, en representación de los estudiantes, no sólo presentó la denuncia contra Marijuán sino que también pidió la nulidad de lo actuado contra quienes fueran titulares de la FUBA.

Gómez Alcorta expresó: “Como abogada de derechos humanos y docente de la UBA, no puedo dejar de alarmarme por la medida ilegal de Marijuán, que nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia reciente”.

Y agregó: “Si el fiscal actuó de esta manera por desconocimiento de la Ley de Educación Superior, con más de veinte años de vigencia, indica que no estaría en condiciones de mantenerse en su cargo. Y, si la conocía, y, de modo voluntario y decidido, llevó a cabo esas tareas sin la orden judicial, indica aún más la arbitrariedad y la ilegalidad de su accionar en la causa”.

Finalmente, refirió: “Lo que sí viene siendo evidente es cómo ha aumentado el ingreso de las fuerzas de seguridad a las universidades en el último tiempo, pero siempre en casos en los que el ingreso responde a una decisión de la policía, que se zarpa. Nunca por orden deliberada de un fiscal para realizar inteligencia”.