Según publica el portal REALPOLITK, el escándalo involucra la empresa Dienst Consulting, que contaba con el manejo de negocios que no debieran ser controlados por empresas privadas, sino mediante gestión estatal.

Dichos negocios están relacionados a los controles que se les realizan a aquellos que solicitan permiso para la portación de armas, y también a las licencias médicas otorgadas a docentes y a personal auxiliar de la provincia de Buenos Aires.

Respecto del primer asunto, relacionado a la portación de armas, fue la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), reemplazante de lo que era el RENAR (Registro Nacional de Armas), a cargo en ese momento de Natalia Gámbaro, quien firmó contrato con Dienst Consulting para que llevaran a cabo los controles psicofísicos para entregar la portación.

Además de comprender, desde diferentes organismos, que dicha prestación debía ser brindada por el Estado y no por privados, la empresa cuenta con trece cheques rechazados en sus cuentas bancarias, de modo que ARBA consideró al titular, Guillermo Martín, un “contribuyente con deuda, categoría 3”.

Asimismo, Gámbaro, quien fuera titular de ANMAC, renunció tras varias denuncias por corrupción que hasta incluyeron órdenes de allanamiento firmadas por los jueces Ramos y Bonadío.

Cabe destacar también, que desde que la empresa se hizo cargo del servicio para otorgar la portación de armas, el trámite incrementó fuertemente su valor, y, lo que antes costaba $800, pasó a costar aproximadamente $3500.

Incluso, en marzo del año pasado, José Capdevilla, director nacional de Registro y Delegaciones de ANMAC, tras la negativa de Gámbaro del estudio de la nueva modalidad de exámenes psicofísicos y una inspección a la empresa Coto, argumentó: “No le mientan más a la población y al ministro de Justicia con la destrucción de armas como si éstas estuviesen sacadas del delito, cuando en su gran mayoría, simplemente, son armas desafectadas de las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario”.

La empresa que está siendo investigada en estos momentos, es parte de la sociedad establecida entre Guillermo Martín y Gustavo Elías, quienes, a su vez, compraron el multimedio de Bahía Blanca La Nueva Provincia, pagándole a la familia del diputado Nicolás Massot, una suma de 7 millones de dólares.