El presidente Mauricio Macri y el secretario de Energía, Javier Iguacel, junto a otros funcionarios del área, fueron denunciados penalmente por la decisión del gobierno de vender las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada Barragán, a precios inferiores a los que requirió su construcción. La denuncia fue realizada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, Fernanda Vallejos y Adrián Grana.

Si bien la construcción de las centrales fue de alrededor de 1.000 millones de dólares, su precio de venta fue de la mitad. 

En el medio, las obras fueron hechas por Iecsa e Isolux, y cuando a fines de 2016 se rescindió el contrato "el gobierno le entregó a Iecsa (empresa que el primo de Macri Angelo Calcaterra le vendió al empresario Marcelo Mindlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares".

El objetivo, al parecer es entregarle el negocio de las centrales a los amigos del presidente Macri. 

Señalan los legisladores que dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, "inmediatamente después de la rescisión en 2016 pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa (hoy absorbida por IEASA), organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron de los dos lados del mostrador, asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas".

 

Fuente: DR