Los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto denunciaron supuestas irregularidades en el contrato entre el Gobierno y Autopistas del Sol (Ausol). La empresa -que pertenece históricamente al Grupo Macri- habría sido beneficiada con casi 500 millones de dólares.

En el marco de esta denuncia el fiscal Carlos Stornelli requirió investigar e incluso implica la imputación de Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.

Entre las medidas solicitadas por la fiscalía al juez Canicoba Corral cuentan el secuestro en la sede de la Dirección Nacional de Vialidad, de todos los antecedentes de los contratos de concesión de los accesos desde su adjudicación, de la intervención administrativa de Ausol, del expediente originado en la presentación administrativa de Abertis el 11 de agosto de 2015 y de los procedimientos que derivaron en el dictado de los decretos 607/18 y 608/18.

La denuncia presentada por los diputados afirma que tres días antes de que Macri asumiera como presidente, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

Sin que existiera ningún dictamen o auditoría por decisión de Iguacel y Dietrich el Gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares.

“Esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, señaló Tailhade y agregó que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”.




Fuente: Diario Registrado