El informe fue solicitado por el Gobierno Nacional en enero de 2016, como una auditoría integral para el complejo minero YCRT y sobre la Central Termoeléctrica de Río Turbio (CTRT), mediante decreto y posterior resolución del ministerio a cargo de Juan José Aranguren. Se esperaba que el informe estuviera para mayo de ese mismo año, pero los plazos se demoraron hasta septiembre de 2016. Una gran parte de estos informes fueron hechos por profesionales y técnicos entre junio y agosto de 2016.

El informe contiene más de 400 documentos con expedientes divididos en cinco tomos. Pero se mantuvo en las sombras desde el momento en que se entregó, aún teniendo en cuenta que se trata de información pública oficial.
La posible razón por la que este documento permaneció oculto, es porque contradice al Ejecutivo, que intentó instalar que la obra no se había terminado, ya que el Gobierno anterior “se robó todo”. Pero, el inspector de la obra, ingeniero Francisco Queralt, puesto allí por el actual gobierno, elevó en Julio de 2016 un informe que se integró a la auditoria del SIGEN en el que indica que: “Sobre un 92,3% de ejecución económica hay un 85% de obra física terminada”.

Incluso, el porcentaje aún inconcluso, tiene directa relación con el material y maquinaria que el actual Gobierno frenó en diciembre de 2015. En el medio, los trabajadores fueron despedidos, cesanteados o tomaron un retiro voluntario.
Según el informe, los únicos desperfectos que se describen en la usina ya fueron reparados.
Cambiemos frenó las obras y ya despidió 800 obreros, sumando el retiro anterior de más de 1200 puestos de trabajo al frenar la obra. El gobierno pretende tratar esta situación como su fuese una crisis del sector privado, cuando quien provoca la crisis en la usina es el propio Gobierno.

Fuente: Cadena del Sur