Tal como se hizo a nivel nacional a principios de año, María Eugenia Vidal firmó el día jueves un decreto para abrir la opción de retiro voluntario para los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires.

La medida, dispuesta por el decreto 465/18, se llevará a cabo durante seis meses, y los gremios ya advierten que la misma forma parte de la política de ajuste y de despidos encubiertos por parte del Gobierno.

En dicho decreto se expresa que: “Todos los agentes que revisten en las Plantas Permanentes con Estabilidad del Poder Ejecutivo Provincial, Organismos de la Administración Centralizada, Desconcentrada y Descentralizada, podrán optar por el régimen de retiro voluntario”.

Quedan excluidos del decreto los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, de Salud Penitenciaria y la Policía Bonaerense.

Los retiros voluntarios variarán según la antigüedad de los empleados y las cuotas dispuestas serán calculadas a partir del salario normal y habitual bruto de cada agente.

Por ejemplo: aquellos de entre 2 y 5 años de antigüedad percibirían 10 meses de sueldo; los que tienen entre 6 y 7 años recibirían 15 sueldos; entre 8 y 9 años: 20 sueldos; entre 10 y 11 años: 24 sueldos; y más de 12 años: 30.