Mauricio Macri logró que designaran a un camarista afín para tener el control de la causa de los cuadernos de Oscar Centeno y de ese modo tener a raya al juez federal Claudio Bonadio.

Con los votos de los consejeros de Cambiemos, más aliados y el salteño Rodolfo Urtubey, el Consejo de la Magistratura aprobó el traslado de Pablo Bertuzzi a la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal encargado de revisar todas las causas de corrupción.

Pese a la resistencia del kirchnerismo, que argumentaba que había un concurso abierto para cubrir esa vacante, el Gobierno logró imponer a Bertuzzi por 9 votos contra 3. Fue clave el apoyo de Urtubey, que está incluso más cerca del macrismo que su hermano, el gobernador de Salta. 

Con la votación se rompió el bloque peronista: el senador Mario Pais, del bloque de Miguel Pichetto, votó en contra. Pichetto es histórico aliado de Ricardo Lorenzetti, titular saliente de la Corte Suprema y Urtubey aliado de Macri a tal punto que la Casa Rosada le envió el pliego de Inés Weinberg de Roca, candidata de Macri para la Procuración General, sin siquiera avisarle al bloque de Cambiemos.

El Gobierno maniobró para que la causa de los cuadernos no cayera en control del titular de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun. Es que si bien gracias a la "doctrina Irurzun", varios ex funcionarios kirchneristas terminaron en la cárcel, en el Gobierno saben que no tienen incidencia directa en este camarista con aceitados vínculos con el PJ y la UCR y un volumen jurídico y político que lo hace poco manejable.

Optaron entonces por encaminar el caso a la Sala I, presidida por Leopoldo Bruglia, que reporta a Alejandro Pérez Chada, el abogado de Macri. Bruglia que también alcanzó su cargo de camarista federal gracias a otro polémico traslado impulsado por el macrismo, no tiene margen de maniobra. Ahora esa sala estará integrada además por Bertuzzi, que también responde al macrismo y trabajaba con el difunto fiscal Alberto Nisman. 

El tercer juez de esa sala es Mariano Llorens, este sí elegido por concurso. Pero como su primo hermano, Rafael Llorens, fue funcionario de Julio de Vido y es uno de los detenidos, se tuvo que excusar en la causa de los cuadernos. Así, la suerte de la denominada causa más importante de la historia del país, quedó en manos de dos camaristas que no fueron nombrados por concurso.

Pero la maniobra, muy bien ideada, es incluso más redituable para el gobierno. Si la causa no fuera a la Sala I y terminara en la Sala II que integra en soledad Irurzún -que ya intervino en el expediente-, ese tribunal debería integrarse con Bruglia. Y en esta hipótesis, si Irurzún y Bruglia votaran distinto, debería sumarse Bertuzi para desempatar. De manera que con la jugada de este jueves el Gobierno cubrió todas las opciones posibles para asegurarse el control de la causa que disparó el chofer Centeno.

Todos estos movimientos coordinados en el Consejo por el macrista Mahiques, estuvieron motorizados por el enfado de Macri con Bonadio, a cargo del caso de los cuadernos. El presidente quedó molesto con la citación de su primo Angelo Calcaterra, que se salvó de la prisión luego de declarar como arrepentido en el caso de coimas para la obra pública kirchnerista.

La declaración de algunos empresarios, que amagaron con expandir el caso de los cuadernos para la gestión macrista en la Ciudad, también desataron la ira presidencial. A Macri no le gustó que su familia quedara envuelta en un caso que el pretendía que se enfocara únicamente en Cristina Kirchner y su eventual encarcelamiento.

Pese a la fijación de Bonadio en la figura de Cristina, en el Gobierno no lo cuentan como un juez afín y sospechan de su estrecha relación con el peronismo federal, además de sus buenas migas con el saliente titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Ahora, se habla de partir la causa de los cuadernos en tres pedazos: Transporte, Obra Pública y Energía. Eventualmente, también, abrir un capítulo de aportantes truchos. Aunque el fiscal Carlos Stornelli, muy afín al Gobierno, deslizara que los aportes de la campaña de Cambiemos no son ilegales, aún luego que la propia Corte estableciera que casi el 90 por ciento de los afiliados del PRO son truchos.

En el mismo plenario del Consejo se aprobó el giro al Ejecutivo de la terna para cubrir la vacante que dejó Norberto Oyarbide en el juzgado nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Número 5 de la Capital.

La terna está integrada por Agustina Inés Rodríguez, María Eugenia Capuchetti y Juan Tomás Rodriguez Ponte. Según aseguraron fuentes judiciales a LPO, quienes tienen mayores chances de quedarse con la vacante son Capuchetti y Rodríguez Ponte.

En el Gobierno creen que ambos tienen una destacada trayectoria pero aún no deslizaron preferencias. Se espera que el Ejecutivo, que ahora tiene la responsabilidad de cubrir la vacante, se defina antes de noviembre.

El objetivo del oficialismo es batir el récord de ternas nombradas en el año respecto de 2017, cuando se elevaron 93. En enero de este año, Macri le trazó ese objetivo a la mesa judicial que se reúne con frecuencia en la Rosada y que integran José Torello, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, Germán Garavano, Pablo Clusellas y Mahiques.

 

Fuente: La Política Online