Denise Moruzzi, de 41 años, y su hija Luciana Esteche, de 20 viven una pesadilla desde abril del año pasado, cuando se vieron involucradas en una causa por "tráfico de estupefacientes", luego de que la policía encontrara tres plantas de marihuana en su casa, las cuales utilizaban con fines medicinales.

Moruzzi asegura que el allanamiento tiene de fondo una cuestión de necesidad de votos en el marco de la campaña electoral del año pasado. "El subcomisario de la DDI nos dijo 'Jorgito (Macri) necesita votos'. Enseguida la noticia estaba en todos los medios locales como propaganda de la 'lucha antidrogas'". Desde entonces, ambas mujeres pasaron por dos comisarías, estuvieron más de cinco meses presas en el Penal Nº 57 de San Martín, en condiciones insalubres, hasta que consiguieron ser trasladadas a su casa en carácter de presas domiciliarias. "La pasamos muy mal, me hicieron dormir atada a una silla", grafica Luciana. 

"Fue un lunes a la mañana, a eso de las 9 escuché golpes y me levanté. Cuando abrí la puerta, los agentes dijeron que venían a allanar por un caso de 'duplicación de tarjetas de débito'". Con este episodio, comienza el calvario para esta familia. Su madre agrega: "Esa causa era falsa, después nos dijeron que supuestamente alguien dio una dirección incorrecta, pero en el medio encontraron las tres plantas y ahí empezó todo".  

Moruzzi utiliza el consumo de cannabis con fines medicinales desde el año 2005. "Sufro depresión desde los 18 años y pasé por múltiples tratamientos; recién en 2005 me acerqué al cannabis, conocí médicos, me informé, me asesoré e investigué, nada me ayudó más que esto". Su hija sufre de trastornos similares, tiene ataques de pánico y a los 15 años intentó suicidarse. Desde los 18 años que también es usuaria de cannabis con fines medicinales.

Según las mujeres, los agentes se excusaban durante el allanamiento. "Nos decían que lo lamentaban, que sabían que no éramos narcos. Acá nos conocen hace 19 años". La denuncia de Moruzzi es categórica: "La noticia fue publicada por la página oficial de la intendencia y se colgaron varios medios zonales. Decían haber encontrado cocaína, cuando jamás tuvimos contacto con esa droga, lo publicaron como un éxito de la 'lucha antidrogas'. Somos víctimas de un gobierno que eligió estas formas para ganar votos y arruinó una familia".

Todo lo que siguió después de ésto fue una pesadilla para ambas. Fueron trasladadas a la Comisaría Nº4 de San Isidro. Moruzzi fue llevada a Olivos. Su hija cuenta quedó en San Isidro, donde cuenta que la hacían dormir atada a una silla por falta de camas. A fines de junio, ambas fueron derivadas al penal número 47 de San Martín. "Lo llaman la tumba y es literal. Está superpoblado, con celdas muy chicas donde meten hasta cinco personas". En diciembre de 2019, tras ser sometidas a múltiples revisiones médicas, las mujeres lograron la prisión domiciliaria. Para conseguirlo, tuvieron que llevar adelante una huelga de hambre por cinco dìas. "Recién ahí todo se agilizó, vinieron abogados, periodistas, mucha gente a ayudar". Transitan la domiciliaria en el departamento de la madre de Moruzzi. Las tres mujeres conviven en un monoambiente en la localidad de Claypole: "Todo se pone cada vez peor, somos tres mujeres en un lugar pequeñísimo y vivimos de la jubilación de mi mamá porque no podemos trabajar", asegura Moruzzi.

Según figura en la causa, agentes policiales encontraron dos kilos y doscientos gramos de marihuana en el domicilio. Sin embargo, el peso contabilizado es el de las plantas en su totalidad. "De esos dos kilos, el 70% es agua, después del proceso quedan, como mucho, 300 gramos", explica Moruzzi, y agrega que "esa cantidad nos dura varios meses".

Cabe recordar que, tras el fallo Arriola del año 2009, la Corte Suprema declaró inconstitucional "penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionen peligro o daño para terceros". Sin embargo, la causa abierta contra las mujeres està caratulada como "tráfico de estupefacientes", algo que puede costar una pena de 4 a 15 años de prisión. 

Las mujeres negociaron un juicio abreviado bajo la pena mínima. "En provincia se puede abreviar el juicio sin aceptar culpabilidad, eso nos permitió llevar el fallo al Tribunal de Casación provincial", cuenta Moruzzi y asegura que seguirán "hasta lograr que se anule la sentencia. Nunca existió investigación previa al caso ni consta en ningún lado que hayamos vendido nada a nadie. Somos personas decentes y de trabajo, hace 19 años vivimos en esa casa y nunca tuvimos un problema".

Fuente: Página 12