Un equipo de médico del Hospital Nicolás Avellaneda, de San Miguel de Tucumán, realizo un aborto de los denominados "no punibles" a una menor de 11 años abusada.  A partir de ese momento Fabiana Reina, la ginecóloga infanto-juvenil que realizo el procedimiento  no ha cesado de recibir intimidaciones, mensajes por Whatsapp y amenazas

Cabe recordar que en estos casos el procedmiento es legal y si bien la clínica se autodenomina como un lugar "objetor de conciencia institucional", algunos profesionales que trabajan allí no están de acuerdo con esa definicion tomada por las autoridades del centro de salud.

"Ante los hechos ocurridos en una institución de salud pública de Tucumán, el Hospital Avellaneda, en torno a la realización de una ILE a una menor edad, respaldamos y brindamos todo nuestro apoyo a la Dra Fabiana Reina, lxs profesionales y directivxs sanitarios que garantizaron dicha práctica de forma segura, la cual se encuentra dentro del marco legal de aborto no punible por causales en nuestro código penal argentino desde el año 1921", expresó la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir (NOA) a través de un comunicado.

Por su parte, la organización Ni Una Menos Tucumán tambien respaldó a la médica: "Desde Ni Una Menos Tucumán respaldamos el accionar de la doctora Fabiana Reina y el equipo de salud que garantizó el acceso a una ILE a niña abusada y que un sector de médicos antiderechos intentó bloquear. No solo demuestran su menosprecio por la salud y derechos de las niñas y mujeres sino sus mecanismos de apriete y terror para imponer sus intereses".
Desde 1921, la interrupción del embarazo es legal en los casos de peligro para la vida o de la salud de la mujer, en situaciones de violación, o de "atentado al pudor de mujer demente o idiota".

En 2012 y como consecuencia de la judicialización de la mayoría de estos casos, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia en la que estableció que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible "sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con completar una declaración jurada en la que la mujer víctima de una violación manifieste que el embarazo es producto de ese delito".

En el mismo Hospital  tuvo lugar el "Caso Belén" en 2014, en el que la joven llegó a la institución con un aborto espontáneo, fue  detenida y estuvo presa por más de tres años, acusada de haberse desecho del feto intencionalmente en los baños del centro de salud. En 2017, tres años despues, el máximo tribunal de Tucumán consideró que su detención “fue irregular" por lo que pudo recuperar su libertad.