En Parque Patricios, ciudad de Buenos Aires, la radio comunitaria Radio Sur 88.3 denunció que Edesur cortó deliberadamente su suministro, lo cual, por otra parte, afectó la bomba que provee agua a todo un barrio.

La denuncia la realizaron a través de un comunicado, narrando que los hechos tuvieron lugar el viernes 4 de mayo, mientras estaban al aire con uno de sus programas.

En dicho comunicado, relatan: “Al revisar el tablero eléctrico correspondiente, la escena fue tan sorprendente como violenta: habían arrancado los fusibles que alimentan de electricidad no sólo a la radio, sino también, a la bomba de agua que da suministro a las 326 viviendas del barrio”.

Justamente por ello, en cuestión de horas los tanques del complejo de viviendas construidas por el Movimiento Territorial Liberación quedaron vacíos, dejándolos sin agua por más de tres días.

Creyendo que la quita de los fusibles podía ser parte de un hecho delictivo, se comunicaron con la empresa Edesur para efectuar un reclamo y fue entonces cuando les comunicaron que se trataba de un problema técnico y que deberían aguardar a que una cuadrilla llegara hasta el lugar.

Así pasaron más de 20 horas, sin ningún tipo de aparición ni respuesta, hasta que finalmente Edesur admitió que el corte fue efectuado por ellos mismos alegando “un supuesto incumplimiento de pago”.

Desde la emisora calificaron esto como un “argumento mentiroso” con el fin de encubrir una “política de ahogamiento hacia los sectores populares, fruto de subas indiscriminadas e intereses usureros, en un momento de depreciación del salario real”.

En su comunicado, refirieron que el accionar de la empresa constituye “un ataque directo a la libertad de expresión y al acceso a un bien esencial como el agua”.

Por otra parte, agregaron: “Una empresa privada, a través de prácticas usureras y arbitrarias, impidió que Radio Sur pueda seguir emitiendo su programación como lo hace diariamente desde septiembre de 2008, y restringió el derecho de más de 300 familias al agua potable y al saneamiento, condición reconocida por la ONU como esencial para la realización de todos los derechos humanos”.

Apuntando al enriquecimiento de las empresas a cargo de los servicios públicos en pleno tarifazo, describieron: “En la otra vereda, los perjudicados son los clubes de barrio, las cooperativas, los pequeños comerciantes, las organizaciones sociales, los medios comunitarios y todas las personas que en distintos puntos del país padecen en silencio la presión económica ejercida desde arriba”.