En Octubre de 2017 y en plena campaña electoral, la socia política de Cambiemos Elisa Carrió defendió la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años condenas por delitos de lesa humanidad. "No puede ser que se mueran en las cárceles, enfermos", reclamaba la dirigente de la CC-ARI.

Con este antecedente de la postura impulsada desde el oficialismo, se conoció hoy que el Servicio Penitenciario Federal envió un listado de 1.111 presos para que jueces penales analicen la posibilidad de beneficiarlos con libertad condicional o prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

El Gobierno nacional quiere liberar a 96 genocidas, entre ellos, "El Tigre" Acosta

En el listado se encuentran 96 personas condenadas por delitos de lesa humanidad tales como Jorge "El Tigre" Acosta y Julio "el Turco Julián" Simón, entre otros homicidas, violadores y condenados por robo.

El Gobierno presiona para que se revea la situación de los condenados argumentando  "superpoblación carcelaria". El registro confeccionado por el SPF fue enviado el 31 de enero pasado al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos e integrado por magistrados, fiscales, organismos del Estado de derechos humanos.

Aquel listado fue acompañado de una nota que explicaba la situación: en diciembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia pidió al Ministro de Justicia Germán Garavano una solución a la situación carcelaria. Frente a esta situación, el Servicio Penitenciario requirió a la Procuración Penitenciaria y al Ministerio de Justicia la asignación prioritaria de la tobillera electrónica y emitieron ese listado sugieriendo quienes merecerían dicho beneficio.

Los represores que el Gobierno sugiere para beneficiarlos con domiciliaria son mayores de 70 años. Entre los nombres más destacados figuran "El Tigre" Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y condenado a prisión perpetua. En dicho listado figuran algunos de los nombres más oscuros de la dictadura: los represores de la ex ESMA Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda; el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, Julio "el Turco Julián" Simón, ex agente de la Policía Federal y el primer represor condenado, y el ex capellán  von Wernich, todos ellos condenados con prisión perpetua.

Otra de las "sugerencias" del Gobierno es concederle la libertad domiciliaria a Guillermo Fernández Laborda, integrante del Clan Puccio. El resto de las personas del listado son, en su mayoría,  casos de  condenas por delitos vinculados al narcotráfico, pero también hay casos de homicidios, abusos sexuales, violaciones, corrupción de menores, secuestros y robos.

Desde el oficialismo defendieron la polémica medida y afirmaron que todos los nombres del listado son presos que "están en condiciones" de acceder a la pulsera electrónica. Asimismo, desde el Gobierno nacional aseguran que el objetivo es "descomprimir la superpoblación que hay en las cárceles y lograr una mejor reinserción del detenido" pero consideraron que "la libertad de un detenido es 'facultad del juez'".

Los jueces penales cruzaron al Gobierno por esta decisión. "Nos quieren pasar a nosotros el problema de la superpoblación cuando es de ellos. Tomaron medidas que generaron más detenidos, como la ley de flagrancia", explicaron.

"El mismo Gobierno que nos putea y nos denuncia con juicio político por liberar a violadores nos pide que liberemos violadores", declaró otro juez a Infobae.