El hecho ocurrió en el año 2011 en la provincia de Entre Ríos. Una mujer solicitó la interrupción legal de su embarazo ya que su salud estaba en peligro amparada en la legislación vigente.

Sin embargo, un médico de un hospital público desestimó el pedido del aborto no punible y se opuso a practicarlo. La mujer fue sometida al parto y sufrió un accidente cerebrovascular.

La solicitante del aborto presentaba una deficiencia de oxígeno crónica debido a una patología cardíaca congénita, y con el embarazo el riesgo para la mujer aumentó. Debido a su historia clínica, un equipo de profesionales consideró que lo mejor para la salud de la paciente era practicar un aborto. Sin embargo, el médico César Pazo se opuso y, según denunciaron amenazó y obligó a cancelar la intervención.

Tras recuperarse del ACV, la mujer inició una demanda contra el Estado provincial. La Justicia entendió que la negativa del médico a llevar adelante el aborto no punible fue la causa directa del ACV y condenó al Estado entrerriano a indemnizar a la mujer por $448.000.

"El Estado, en lugar de garantizar el acceso de MG a una práctica permitida por la ley, la revictimizó, la expuso a situaciones de maltrato y violencia institucional, la obligó a llevar a término un embarazo contra su voluntad expresa y le exigió arriesgar su salud y su vida, todo lo cual le provocó enormes daños morales y físicos que también afectaron a su marido y a su hijo", argumentó el fallo.

 

Fuente: Infobae