Hace pocos días se difundió un nuevo documento de las Pastoral de curas en villas. Encabezado con la firma del obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, entre otros varios curas de villas de Capital y Gran Buenos Aires, y bajo el título: “Los movimientos sociales y su compromiso por una patria para todos”. El texto camina en una dirección concreta: contrapesar las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich en las que sugirió una connivencia territorial entre organizaciones sociales y narcos en los barrios y asentamientos humildes metropolitanos. 

Podemos decir varias cosas en un mero repaso sobre los emisores del mensaje: los curas villeros no ostentan el monopolio de la representación de estos “movimientos sociales”, algunos de los cuales además pertenecen a organizaciones de izquierda anti clericales; los curas villeros realizan una tarea histórica en las villas urbanas que se referenció sobre todo a partir del año 2007 cuando en la campaña electoral (que ganó Macri) se debatió qué hacer con la villas en la ciudad (hicieron incorporar al vocabulario político el concepto de “integración urbana”); los curas villeros no son la “síntesis” de la iglesia ni la “vanguardia”, aunque sí tal vez quienes mejor expresan la Iglesia de Francisco; los curas villeros no responden a los lineamientos de la teología de la liberación, sino más bien a la llamada teología del pueblo, lo cual designa una diferencia temperamental sobre su rol político; los curas villeros permitieron en esos territorios una articulación entre la comunidad y el Estado, facilitando sus espacios para muchas políticas públicas vinculadas a la Justicia, la seguridad o la salud. 

Bien, ¿qué dice este documento? Cito brevemente algo así como una definición sobre los movimientos que defiende: “Donde la mano invisible del mercado con su teoría del derrame nunca termina llegando, porque la copa siempre necesita crecer más, donde el Estado a duras penas hace pie y a veces le falta inteligencia para resolver temas concretos, son muchas veces los movimientos sociales a través de sus integrantes los que terminan tendiendo la mano en situaciones de la vida diaria y fortalecen con su presencia el tejido social.” 

Este párrafo elocuente llega luego de dos precisiones: la mediación que significó el rol de estas organizaciones para dos leyes votadas durante este gobierno, como son la ley de emergencia social (2016) y la ley de barrios populares (votada casi por unanimidad en ambas cámaras hace pocas semanas). En ese sentido, esta mirada desde la Iglesia hacia esos movimientos, contradice el aspecto esencial del discurso bullrichista, según el cual la “presencia del Estado” tiene resistencias en estas organizaciones. La historia de estos movimientos dice, entre otras cosas y abreviando muchos matices, que fueron más bien facilitadores del Estado. Chiche Duhalde o Sergio Berni podrían dar cátedra sobre quiénes oficiaron de extensión del Estado para políticas de emergencia.

Un aspecto de contradicción podría ser más bien ideológico. Pero en un sentido concreto. Lo que Bullrich vislumbra como preocupación del Estado del territorio tiene un sesgo policial. La ministra sabe que despliega una política popular porque en esos barrios pobres el reclamo de seguridad es prioritario, y a la vez, sabe que el “descontrol” represivo al que conscientemente se expone tendrá en esos mismos movimientos y organizaciones un amplificador de denuncias e intransigencias. Lo que la ministra sabe que discute no es la presencia sí o no del Estado sino los “términos” de esa presencia. Y como el gobierno tiene todas las de ganar en ese debate contra movimientos que articulan muchas veces minorías, es que este documento de los curas cobra aún más valor y debe ser amplificado.