ame la mano!”, ordena un cuidador mientras la elefanta Mara saca una de sus patas delanteras por una abertura entre los barrotes de su recinto. Rápido, una empleada le pasa un antiséptico y un tercero se apura a limpiar la extremidad y pasarle una lima extra large por la suela. El procedimiento es observado por los jefes del lugar, periodistas y hasta el ministro de ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli.

La escena no es casual. Mara, que tiene 50 años y llegó al ex zoológico porteño en 1995, fue una de las protagonistas del allanamiento que la Unidad Fiscal Especializada en Medio Ambiente realizó la semana pasada junto a efectivos de la Federal, en el marco de la causa que busca constatar la salud de los animales en el ex Jardín Zoológico Eduardo Ladislao Holmberg, conocido actualmente como Ecoparque. 

La mamífera tiene una infección en las uñas y otra lesión en una pata trasera. Su estado volvió a encender la alarma tras la muerte de la rinoceronta Ruth y la jirafa Shaki en junio. 

Entierro polémico. Otro de los puntos que la causa busca aclarar es el accionar de funcionarios y empleados en la muerte y el destino los restos de la jirafa Shaki y rinoceronta Ruth. De acuerdo a información del ministerio de Ambiente, tras sus controvertidos decesos, los cadáveres fueron sepultados en el predio: Shaki en un sector sobre un extremo de la avenida del Libertador, y Ruth en un terreno enfrentado a su recinto.

Según pudo saber este sitio, hasta hace poco la práctica habitual era que las partes de los animales muertos fueran enviadas al Museo de Ciencias Naturales, quedaran para la colección del zoo o fueran retiradas por una empresa especializada en residuos patógenos. En este marco, el proceder con la rinoceronta y la jirafa generó estupor.

“Tienen que tener un protocolo y deberían haberlo cumplido. Esa es una de las preguntas que nosotros queremos saber”, afirmó a este medio María de las Victorias González Silvano, abogada querellante en la causa y titular de la materia de Derecho Animal de la facultad de Derecho de la UBA. A este punto se le suman datos alarmantes: aunque no hay registros específicos, se sabe que durante los años 70 y 90 bisontes, búfalos y felinos, entre otros, fueron enterrados en el predio tras dos episodios de carbunclo, una enfermedad infecciosa y contagiosa para los humanos, cuyas esporas viven más de 100 años y pueden reactivarse al remover la tierra.

En 2016, Horacio Rodríguez Larreta anunció el proyecto de transformación del lugar y se comenzó con la derivación de animales para mantener sólo los autóctonos. La iniciativa causó el repudio de los especialistas que pusieron el foco en la dificultades y poca planificación para los traslados.

A este hecho se sumó que en septiembre la Legislatura de la Ciudad aprobó la concesión de 15 edificios del predio, que serán manejados por privados. Profesionales de organizaciones como Fundación Vida Silvestre, Azara, la Federación de Veterinarios Argentinos y SinZoo advirtieron sobre el avance de un “negocio inmobiliario” y el "apuro" del Gobierno de la Ciudad por liberar diferentes espacios.

Fuente: Perfil