Héctor Fernández tenía 61 años y era un obrero calificado que trabajó en el área de control de calidad de Mefro Wheels, una empresa ubicada en la zona sur de Rosario.

Se quedó sin el puesto cuando le faltaban algunos pocos años para jubilarse. Desde hace un año estaba inmerso en una fuerte depresión porque en julio dejaría de cobrar el seguro de desempleo. Héctor fue parte de la lucha que llevaron adelante los obreros todo el año pasado para que reabra Mefro Wheels. Pero no pudo más con todo eso y la semana pasada se suicidó.

El hecho podría quedar en la órbita de lo personal, de la historia de vida pero en realidad existe una responsabilidad compartida entre los gobiernos nacional y provincial y el propio sindicato de los metalúrgicos, la UOM, en todo esto.

A principios de 2017, el grupo alemán que controlaba la planta anunció que no daba para más y que cerraría. Ello implicó que unas 170 familias se quedarán sin el ingreso que les garantizaba un plato de comida.

Las autoridades de la firma ejercieron a partir de ese momento una manipulación sobre los trabajadores que contó con la vista gorda del gobierno provincial y la UOM Rosario.

¿Qué hizo el Gobierno nacional? A través del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, accedió de compromiso a una cita en Buenos Aires que tenía por único objetivo permitir el cierre de la planta.

Con deudas salariales, con una indemnización al 60%, todo bloqueado ya que la justicia por meses no aceptaba el concurso de acreedores, los trabajadores decidieron ocupar la planta pero les cortaron todos los servicios y pudieron hacer nada más.

Finalmente, llegaron a un acuerdo con los empresarios para que invierta sobre la planta. Pero fue todo una mentira. Los meses pasaron y la muerte de Héctor termina siendo parte de la picadora de carne a la que someten a los trabajadores.