Natalia es la madre de Mateo, un pequeño que necesita una reconstrucción de columna porque nació con una enfermedad grave. Ambos son de San Juan y necesitan que el Estado los acompañe porque no podrían acceder a la operación si no fuera por los servicios del Gaharran y las estadías gratuitas que le dan para quienes son las provincias.

El problema es que el Estado tiene otras prioridades, como negociar con el FMI y rogarle una mano al campo, y se olvida –entre otras cosas- de la Salud Pública. Entonces, por falta de pago a los hoteles donde derivan a los familiares de pacientes del hospital de niños que necesitan trasplantes, tienen tratamientos contra el cáncer y leucemia.

“Nos quedamos sin lugar porque mi provincia no se hace cargo. Dicen que no tienen dinero porque el tratamiento de él es muy largo. Y el Gobierno nacional no nos da respuestas”, explica Natalia en diálogo con un periodista que fue al hospital.

La madre, quien no es la única en esta situación sino que forma parte de un grupo de al menos 60 familias perjudicadas agrega que, también, “quitaron la tarjeta social que usábamos para comprar comida a los chicos”. Se trata de un beneficio por cual cobraban unos 800 pesos por quincena en concepto de viáticos.