Aunque la grieta se extiende infinitamente por toda la Argentina, los miembros de la Corte Suprema intentan superar esa contingencia fortaleciendo la institución y, ante una transición política que juzgan complicada, son conscientes de que deben trabajar para el colectivo.

También entienden que el rol de la Corte Suprema se ha vuelto cada vez más relevante visto desde el poder real, en consonancia con las definiciones que los constituyentes, y en especial Juan Bautista Alberdi, definieron para ella y que no siempre ocupó en el pasado.

La Corte fue, durante buena parte del siglo XX, un poder subordinado, una suerte de hermano menor de los otros dos y sujeto en buena medida a la voluntad del Ejecutivo. Sus miembros estaban expuestos a los vientos políticos que a veces soplaban tormentosos y no gozaban en la práctica de la estabilidad que es fundamental para su independencia.

En la última década, la Corte se perfiló como un poder de Estado independiente. Como la cabeza real del Poder Judicial. Empoderados, por primera vez en la historia jueces y juezas de todo el país participaron en la toma de decisiones y fueron protagonistas centrales de la vida institucional.

Desde la brutal crisis económica, política e institucional que se desató en el año 2001, y sin perjuicio de los avatares del último año, la Corte y sus miembros han asumido con decisión su rol constitucional.

"Una Corte fuerte e independiente garantiza gobernabilidad y seguridad jurídica hacia adentro, hacia afuera y en las instancias inferiores. Lo contrario es el caos, la crisis, la falta de liderazgo", aseguró un experimentado juez en diálogo con Infobae.

De hecho, se ha generado una ola de rumores este fin de semana sobre el posible alejamiento de Carlos Rosenkrantz de la presidencia de la Corte, a partir de una serie de supuestas denuncias de las que dan cuenta hoy dos diarios. También Lorenzetti se ha quejado por la circulación de falsas informaciones y por denuncias anónimas en la AFIP.

Experimentados y prudentes, los jueces más antiguos guardan silencio. Sólo para aclarar las ideas, señalan desde algunos despachos que en ninguno de los acuerdos de ministros que se realizan los días martes se ha planteado este tema.

Aunque aclaran que, si hay una denuncia por un hecho ilícito, ésta debe ser investigada, como ya ocurrió en varias oportunidades. Nadie está por encima de la ley y de nada vale negar legitimidad al denunciante; hay que presentarse y aclarar la situación.

Pero, por otro lado, dicen, esta historia de presiones debería terminar, entendiéndose que la Corte Suprema es la institución donde se resuelven los conflictos en última instancia; si la desprestigiamos, no queda nada.