El martes la legislatura porteña vivió un día de furia que terminó con gritos, empujones e insultos. En el plenario de comisiones legislativas empezó a discutirse una polémica ley enviada por el ejecutivo porteño que comanda Horacio Rodríguez Larreta, para volver a incinerar basura en la ciudad, algo que estaba prohibido desde 2005. En concreto, la nueva ley pretende reformar la “Ley de Basura Cero”, que dicho sea de paso, hace más de diez años que no se cumple, porque implica romper los negociados que tiene el gobierno de la Ciudad con el negocio de recolección de basura. Los perjudicados, como siempre: el mundo cartonero.
El salón Perón del edificio de Perú al 100 estuvo colmado por diputados oficialistas y opositores, con el subsecretario de Higiene Urbana, Renzo Morosi y el presidente del CEAMSE, Gustavo Croia—que defendieron a rajatabla el proyecto—y con un nutrido grupo de cooperativistas de recicladores cartoneros y militantes de la agrupación GreenPeace. Afuera, una bandera gigante con la inscripción: “Quemar basura mata” puso en evidencia lo que pasaba adentro del recinto, para los transeúntes que habitan el microcentro porteño. 
Disfrazado de “plantas de termovalorización de residuos”, un nombre difícil para decir lisa y llanamente “volver a quemar basura” los enviados del ejecutivo tuvieron que hacer malabares para explicar por qué quieren desechar una ley que ya existe y que ni siquiera se aplica del todo. Es más, según la legislación vigente está prohibida “la combustión en cualquiera de sus formas”.
Según explica el periodista Werner Pertot, que conoce e investiga la trama de la basura en la ciudad, “La Ciudad nunca cumplió con la Ley de Basura Cero destinada a producir una reducción progresiva de las toneladas de basura que se envían al CEAMSE. El año pasado seguían siendo 6700 toneladas por día, cuando la meta anual era de 374 toneladas. En lugar de eso, se enterraron tres veces más. El contrato de la basura le cuesta al Estado Porteño 8500 millones de pesos y con esto buscan sumar un nuevo negocio”.
Por eso, la iniciativa fue rechazada por las cooperativas de recicladores que reúnen más de 5000 trabajadores que recolectan y reciclan basura, en una pelea ardua por dejar de estar estigmatizados porque no hay que ser hipócritas: la sociedad aún los ve como escorias, como delincuentes y no como trabajadores de la economía popular, como se definen.  
Según explican, lo que pretende hacer el Gobierno tiene “altísimos costos de inversión y operativos, además de poca generación de puestos de trabajo, tecnología importada. Esto implica que no se propicie la industria nacional por lo tanto que se gaste más de lo que se genera”. Por otra parte y esto también lo explican desde la ONG ambientalista Greenpeace, “luego de la quema queda un 30% de volumen que concentra la toxicidad y necesita rellenos de seguridad mucho más costosos que los rellenos sanitarios”. 
Una vez más, el gobierno de Rodríguez Larreta deja en evidencia que los negociados son sagrados. El resto, puede esperar.