El gobierno de la Ciudad no aplicó ningún criterio de ajuste para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y probablemente el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, los imagine una buena rampa de lanzamiento para buscar la reelección. Quizá para no mezclar alegría con facturas, el gobierno ha sido sumamente discreto para contar cuánto están pagando -y pagarán- los porteños por la criatura. Pero el titular del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, no tuve el mismo nivel de discreción y afirmó que el gasto total significará un costo de U$S 450 millones, el equivalente al 7% del presupuesto de la Ciudad, acercándose a los $18.000 millones.

La cuestión no es solo el despilfarro. También las contrataciones son bastante dudosas: todas las obras de infraestructura sumaron varias denuncias no sólo porque son figuritas repetidas de la gestión macrista sino porque algunas están vinculadas a funcionarios y muchas fueron aportantes en las campañas 2015 y 2017 (lo que significa que están comprometidas en la causa judicial por los aportantes truchos).

En 2013 el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo que el costo total de los JJOO sería de U$S 231 millones. Al tipo de cambio de ese momento eran $1.040 millones, menos del 1% del presupuesto de la Ciudad.

En 2016 la Ciudad gestionó un préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por U$S 160 millones para las obras correspondientes a los 31 edificios de Villa Olímpica. Hacia finales de 2017 lo ejecutado de presupuesto destinado a obras de infraestructura, Villa Olímpica y equipamiento deportivo ya llegaba a $4.032.095.840. Los departamentos de la Villa Olímpica fueron terminados seis meses antes de la competencia e incluso ya varios fueron adjudicados a familias mediante la intermediación del Instituto de la Vivienda (IVC)

La legisladora porteña de Nuevo Encuentro, Andrea Conde, ha denunciado esta situacion en un informe donde se detallan todos los vínculos entre las empresas y el Gobierno porteño.

Desde el gobierno se limitaron a responder que el proceso de todas las contrataciones fue “íntegramente trasparente” y que todas las compras se encuentran disponibles en el sitio BA Compras con el resto de las licitaciones y contrataciones,
Entre 2015 y 2018 el Gobierno realizó todas las licitaciones. Las obras de la Villa Olímpica fueron estimadas, en febrero de 2016, en $ 2.000.000.000 y aumentaron en 2017 a $3.461.971.314

La obra más cara es la construcción del Pabellón C que contiene el natatorio, una tarea que el Estado evaluó en $504.736.585 y fue otorgada a Niro Construcciones SA por $ 508.091.151, más de tres millones de pesos sobre la cota máxima. El propietario es Lucio Niro, quien aportó a través de una donación directa 500 mil pesos al PRO para la campaña 2015.

La elección de la constructora de la piscina (la italiana Myrtha Pool) fue sugerencia de la organización pese a que la catalana Astral Pool ofreció una propuesta 30% más económica y con el mismo nivel de excelencia. Myrtha Pool fue la empresa por la que tuvo que ser removido de su cargo Orlando Mocagatta, el segundo del secretario de Deportes, Carlos “Colorado” Mc Allister. Mocagatta era el representante comercial en la Argentina de la empresa ganadora. LO que se dice estar sentado a los dos lados del mostrador.  “Esa empresa es la que construye las piletas olímpicas para el COI. Por eso se la contrató”, retrucaron desde la Ciudad. La pileta es la única homologada en todo el país por lo que por primera vez en la historia los deportistas argentinos podrían registrar sus récords.

La famosísima CRIBA ganó cuatro de las licitaciones: dos por bloques de viviendas por un total de 213 unidades habitacionales ($ 160.833.300 y $ 137.837.183), una por el estadio de gimnasia ($ 283.389.377) y otra por los Pabellones A3 y A4, dos estadios multipropósitos ($ 168.646.366) para un paquete total de $ 750.706.226. Sus dueños, los hermanos Tarasido donaron, a través de pequeños aportes, $830.000 a la campaña presidencial de Macri, según reprodujo El Destape en base a la presentación electoral de Cambiemos en 2015.

Conorvial se quedó con dos licitaciones para ordenar el espacio público por un total de $ 463.144.202. La más importante, por $ 349.706.396, le fue adjudicada pese a no ser la más económica y haber superado en un 19% la cotización establecida en el pliego inicial ($ 292.800.438). Ricardo López Casanegra, vicepresidente de esta SA, es uno de los empresarios de la construcción aportantes a la campaña presidencial de Macri que quedaron a la luz con el caso de Alejandro Radetic (aquel que se filmó corriendo picadas por la avenida 9 de Julio); en el caso del santiagueño López Casanegra, su aporte a las arcas de Cambiemos fue de $ 200.000

Emaco, ganó la licitación por 147 unidades de vivienda y tiene en su directorio a Federico Bensadón y Alberto Gutiérrez, quienes también son dueños de Telemetrix SA, empresa concesionaria de Costa Salguero. Y por lo tanto socios de Fernando Polledo Olivera, esposo de la diputada del PRO Carmen Polledo.

La constructora española Dycasa consiguió dos de los contratos por 244 viviendas sociales divididas en seis torres a cambio de $ 329.782.725. Dycasa es una de las principales gestoras de los peajes en las rutas y autopistas de nuestro país y al asumir Macri, nombró a Pablo Rafael Aragone, gerente de dicha empresa por catorce años, vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

Sudamericana SA consiguió un grupo de viviendas de 120 departamentos distribuidos en cuatro torres y los Pabellones multipropósitos A1 y A2 por un valor total de $ 368.724.887. Su presidente es el chileno Rudi Boggiano Leupolt, que es uno de los que integra el Foro de Desarrollo Urbano, cuya función es asesorar al Gobierno porteño y que impulsa las grandes obras.

UCSA, una de las ocho principales compañías de obra pública, recibió dos emprendimientos (la red pluvial y la red de gas para el comedor ya que el resto del complejo carece de ese servicio) por un pago total de $ 101.468.685. La empresa pertenece a Manuel Santos Uribelarrea, un sojero que compró por U$D 800.000 un campo perteneciente a la familia Blanco Villegas (Alicia Blanco Villegas es la madre del presidente de la Nación) en un precio que triplicó el valor de mercado. Está procesado en la causa de los cuadernos del juez Claudio Bonadio.

MSU Energy, otro de sus emprendimientos, se hizo acreedor de tres licitaciones en 2016 para la construcción de centrales termoeléctricas (una de ellas en Tandil) pese a no tener experiencia en la materia y acumular deudas cercanas a los diez millones de dólares por incumplimientos en los plazos.

La primera licitación de todo el proyecto se hizo en 2015 para la construcción de 129 departamentos. Bricons se quedó con ellas tras presentar una oferta de $ 179.192.365, el 7% por encima del precio tope que había establecido el Ejecutivo ($ 168.236.487). Esta empresa tuvo a su cargo la construcción de parte del Metrobús, el Mamba, el Parque de Ciudad Universitaria, varias comisarías de la Metropolitana y escuelas porteñas, tiene como titular a Mario Ángel Raspagliesi, otro de los aportantes de la campaña de Macri por un millón de pesos: medio millón a título personal y la otra mitad a través de la Agropecuaria El Mistol.

Cunumí SA  se impuso en dos licitaciones: una por un módulo edilicio de 87 departamentos y otra por un jardín de infantes por un acumulado de $ 172.191.183. El encargado de la contabilidad de Cunumí es Ángel Guidoccio, contador del presidente de Boca, Daniel Angelici, y también el hombre que maneja los números del club y de sus empresas de juego. Cunumí es una habitual proveedora de la Ciudad, no sólo en el rubro construcciones sino también como proveedora de mantenimiento de 30 puntos verdes, un ingreso de más de $10 millones logrado por contratación directa.

SES SA, la empresa que pertenecía al hermano de la vida del Macri, Nicolás “Nicky” Caputo, ganó un contrato de electrificación de la Villa Olímpica por $ 40.951.000.

Los de 2010 en Singapur tuvieron un presupuesto de USD $75,7 millones, que terminaron en un costo de alrededor de USD $284 millones, según la cifra final. Esto derivó en denuncias de la oposición que tuvieron impacto en las elecciones presidenciales. En 2014, la segunda edición de los JJOO de la Juventud se hizo en Nanjing (China), pero no hay número de costos.

“Ciudades como Boston, Hamburgo y Toronto rechazaron ser sede de los JJOO por el gasto que implica. Acá, mientras el jefe de gobierno manda a la Legislatura un presupuesto de ajuste, los porteños estamos pagando su fiesta carísima donde los únicos que ganan son los amigos del macrismo”, remarcó Conde.

Fuente Diario Z