El traslado del subte a la ciudad se produjo en 2013. Desde ese mismo momento comenzó una polémica sobre el cálculo de los costos. La cuenta se hace con lo que paga el usuario (se dice que en el mundo el valor de un pasaje de subte ronda el dólar) más el subsidio que recibe del Estado. Cuánto recibe no está normado por ley. El informe de la Auditoría porteña reprocha que se sumen al cálculo del valor dos rubros: “Gastos de mantenimiento” y “Depreciación del material rodante y la infraestructura”. Ese es el núcleo del debate en el aumento de la tarifa.

Macri prometió construir 10 km de subte por año antes de ser elegido jefe de gobierno porteño. Se comparaba con Santiago de Chile a quien estimaba 14 km por año. “¿Qué somos nosotros idiotas que no podemos construir 15 km por año?”. Literal. 

Cuando se pide creatividad en la protesta para no molestar a los usuarios se debe advertir que de eso se trataron las medidas de fuerza de los últimos días previos a la represión: se levantaron los molinetes y hasta se sirvió café a la gente. Pero la suspensión de 70 trabajadores fue la respuesta inflexible del gobierno porteño y la empresa. Pocos sindicatos deben tener más contacto con sus perjudicados que los del subte. Todas las líneas hicieron paros de 12 horas, y el gobierno avanzó con denuncias penales. La empresa a su vez pidió que se “declaren ilegales las medidas”.

Al reclamo por paritarias de los trabajadores del subte se superpone, como dijimos, el aumento de tarifas. Los legisladores del FIT Myriam Bregman y Patricio Del Corro lograron la cautelar de una jueza (Patricia López Vergara) que suspendió el aumento. El aumento de 12,50$ se contrasta con el cálculo de la Auditoría porteña que señala un cálculo de 10,50$ el valor de cada boleto (ya que no suma gastos de esos dos rubros señalados al principio). El periodista Werner Pertot reseñó para “Nueva Ciudad”: “Ante ese fallo judicial que suspendió el aumento, la empresa estatal de subte SBASE, controlada por el macrismo, argumentó que no subir la tarifa implicaría más subsidios del Estado al Grupo Roggio. En un hilo en Twitter la cuenta Subte Data desmintió esa afirmación: indica que solo el 12 por ciento del costo operativo del subte tendría que ser cubierto por el Estado. Son 2 pesos por usuario. El macrismo le traslada eso a los que viajan, y mucho más.”

Los dueños de Metrovías son el grupo Roggio (Aldo Roggio). Extirpe de una patria contratista, beneficiarios de negocios millonarios durante la dictadura, fueron quienes construyeron, por ejemplo, el edificio del canal público (ATC) o el estadio Chateaux Carreras antes del mundial 78. El periodista Lucho Aguilar reconstruye una historia de esta familia en La Izquierda Diario. Allí recuerda el cálculo de ganancias que le había fijado el periodista Luis Majul en su libro “Los dueños de la Argentina”: 1.000 millones de dólares durante el “Proceso”. Desde 1994, año de la privatización, Roggio es dueño de los subtes. Y debutó con despidos: 1.500 trabajadores en la calle. Su máquina de negocios se prolongó en todas las décadas democráticas y todos los gobiernos. 

Los llamados metrodelegados fundaron el 2 de septiembre de 2008 la “Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP)”. Se les dice, para abreviar, “metrodelegados”. En 2009 plebiscitaron entre los mismos trabajadores de la empresa Metrovías en la que lograron la adhesión de mil empleados. En 2015 recién los metrodelegados consiguieron la personería gremial. Duró poco: la UTA recuperó la personería gremial mediante un fallo judicial. Los metrodelegados representan más trabajadores que la UTA. Se habla de más de 2.500 trabajadores representados contra bastante menos de 1000 de la UTA. Sin embargo, la UTA firmó una paritaria del 15 por ciento, que es una meta que se llevó el viento, pero lo hizo en nombre del conjunto de trabajadores de la empresa (repetimos: cuya mayoría niega esa representación gremial).