Foja Cero, un resumen judicial de la semana
El Rey Ricardo
Esta semana el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti inauguró el año judicial, pese a que el ajetreo de expedientes no se detuvo ni siquiera en la feria de enero. Ante un Palacio de Tribunales colmado por jueces y funcionarios judiciales, Lorenzetti dio un discurso con su habitual tono cansino donde abundaron críticas y comentarios sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Resultó curioso, dado que las palabras parecían más de un analista o comentarista de los ribetes judiciales que del re re reelecto presidente de la Corte Suprema.
En el discurso no faltaron alabanzas al juez brasilero Sergio Moro, a quien Lorenzetti recibió en abril del año pasado como un referente de la Justicia universal. Sin embargo, esta semana, los abogados de Lula Da Silva contaron que el juez Moro mandó a intervenir sus teléfonos y el de su estudio de abogados y cómo utilizaba esas escuchas para planificar la persecución judicial contra el ex presidente brasileño.
Lorenzetti también aprovechó el espacio para impulsar una serie de lineamientos de una política es Estado para la transformación de los Poderes Judiciales, para lo cuál organizó una serie de comisiones de debate que funcionaron el martes y miércoles. Las sedes fueron el propio Palacio de Justicia y la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones civiles de jueces y fiscales, de tinte conservador.
La jugada no le salió del todo bien. En las comisiones varios jueces se quejaron de que las conclusiones venían prefabricadas y que no reflejaban los debates entre ellos. Quien destapó la olla, sin embargo, fue el juez Claudio Bonadío. “No creo que el Ministerio de Justicia acompañe las reformas porque en dos años no ejecutaron políticas de fondo”, aseguró Bonadío, uno de los jueces más funcionales a la Casa Rosada. El ministro de Justicia Germán Garavano retrucó: “Yo lo entiendo esto como un tipo de peleas vinculadas a cuestiones de poder y protagonismo”. Y Bonadio no se amilanó: “Garavano habla como si fuera un extranjero o ciudadano de a pie. Y omite decir que él tiene poder de decisión sobre importantes herramientas que hacen al desenvolvimiento del día a día para el sistema judicial”.
El mismo Bonadío tuvo un revés sobre el final de la semana. La Cámara Federal revocó el procesamiento y la prisión preventiva contra Julio De Vido en la causa donde se investigan la causa irregularidades en la entrega de subsidios al gasoil a empresas de colectivos El motivo: graves fallas en el peritaje.
2x1
En su último acuerdo, la Corte Suprema trató un caso vinculado a un pedido de 2x1 de un represor. Se trata del caso de Jorge Humberto Appiani, que tiene una condena de 18 años por secuestros y y torturas a 27 personas en el marco de la megacausa Area Paraná. El caso llegó a la Corte porque el represor apeló el fallo que le negaba el beneficio del 2x1. La Corte resolvió la cuestión aplicando el artículo 280, por el cuál dejan la cuestión como está sin dar argumentos. En este caso, la aplicación del 280 implicó la negativa al beneficio del 2x1. Ante la publicación de la periodista Irina Hauser en Página/12, que destacó el cambio de postura de la Corte, el Centro de Información Judicial que maneja Lorenzetti publicó una aclaración que intentaba desmentir la nota periodística. Sin embargo, el supremo Horacio Rosatti hizo trascender que efectivamente se trató de un cambio de posición de la Corte tras la sanción de la ley 27362 que prohibe el beneficio para genocidas. Al no justificar el cambio, sin embargo, la Corte decidió no sentar nueva jurisprudencia respecto al 2x1 para represores, algo que reclaman los organismo de derechos humanos.
Fue una semana agitada para los cortesanos pero, para no ser menos que el presidente Mauricio Macri, sus señorías dejaron un lugar en la agenda para recibir a los reyes de Noruega Harald V y Sonja.
El fallecimiento del último dictador Reynaldo Benito Bignone estuvo enmarcado por esta y otras cuestiones vinculadas a delitos de lesa humanidad.
El martes el periodista Martin Angulo reveló en Infobae que el Gobierno le envió a los jueces penales un listado con nombres sugeridos para que salgan de prisión bajo libertad condicional o dimiciliaria, bajo el argumento de la superpoblación de las cárceles. Dentro de ese listado incluyeron 96 condenados por delitos de lesa humanidad, como Jorge “Tigre” Acosta y Julio Simón, alias el “Turco Julián”. La reacción fue inmediata. Desde los organismos de Derechos Humanos repudiaron la propuesta y desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboraron un informe donde advirtieron que no hay criterios para este intento de liberar represores.
Final cantado
La semana arrancó con la decisión del juez Bonadio de elevar a juicio oral la causa iniciada con la insólita denuncia del fallecido fiscal Natalio Alberto Nisman. De este modo, CFK acumuló su tercer juicio oral, junto a los casos Dólar Futuro y obras públicas en Santa Cruz. En este caso, CFK pidió expresamente que se aceleren los tiempos hacia el juicio oral, donde quedará expuesta la burda maniobra de Nisman. En estos días, el ex Secretario General de Interpol Ronald Kenneth Noble publicó en su cuenta de Twitter el mail original que desmiente la última operación del Grupo Clarin respecto a su supuesta falsedad.
Todo indicaba que el juicio recaería en el Tribunal Oral Federal N 9, cuyos jueces fueron designados a dedo por Macri. La defensa de Oscar Parrilli advirtió la maniobra. Pidió que el sorteo de tribunal se hiciera de forma manual, ante las fundadas sospechas de que el sistema electrónica que sortea jueces, salas y tribunales está manipulado. Se lo negaron. Solicitó entonces un perito informático que controle la operación. Se lo negaron. El sorteo fue cantado. Le tocó al TOF 9, el mismo que juzgará a Lázaro Baez por lavado de dinero. Sus integrantes son Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Llegaron ahí gracias a maniobras non sanctas del Gobierno.
Sumado a esto, la Cámara de Casación mantuvo la línea Clarín-Gobierno y dejó firmes los procesamientos y prisiones preventivas de CFK y el resto de los procesados. Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos rechazaron los recursos de todos los abogados, algo insólito ya que es poco probable que ninguno encontrara un sólo elemento para exponer las arbitrariedades que se acumulan en este expediente.
Para redondear los escándalos en torno al encubrimiento del atentado a la AMIA, el radical Mario Cimadevilla, que formalmente sigue a cargo de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia pero en los hechos ya tiene los dos pies afuera, criticó duramente al Gobierno y puntualmente a Garavano. “Sosteníamos que los fiscales Mullen y Barbaccia debían recibir una condena , pero el Ministro Garavano por una cuestión de amiguismo ordena no acusar a los fiscales; ahí viene el tema, ahí viene el problema y viene las diferencias”, afirmó Cimadevilla.
Reforma a medida
El miércoles el Gobierno publicó en el Boletín Oficial su intención de modificar el Código Civil y Comercial, pese a que aún no pasaron ni tres años desde su sanción. El Código actual fue reformado bajo la égida de Lorenzetti, que ahora verá como Macri le retoca el legado.
Para esta reforma, Macri creó una Comisión cuyos integrantes no dejan dudas de su pertenencia. En primer lugar, figura Julio César Rivera, histórico abogado de confianza de la famiglia presidencial, que fue representante legal de SOCMA y SIDECO y que los Macri lograron colar como síndico general en el concurso de acreedores de Correo Argentino para que en lugar de controlarlo actue en función de sus intereses. Por este motivo, Rivera está imputado junto a Macri en la causa penal que descansa en el escritorio del juez Ariel Lijo. Este cronista publicó esta semana pruebas sobre la maniobra en la condonación de la deuda de Correo Argentino que podrían dar impulso a la investigación de Lijo. Pero el investigado es él: el Gobierno, tras la publicación de los documentos que muestran que la condonación fue coordinada entre la familia Macri y el Gobierno de Macri, reimpulsó la investigación contra el hermano del juez Lijo. Por las dudas.
Pese a la imputación y a los históricos lazos personales Macri no tuvo pudor en nombrar a Rivera en esta Comisión. No es el primer premio: ya lo incluyó en la lista para conjueces de la Corte Suprema. Junto a Rivera figura Agustina Díaz Cordero, hija de la jueza Maria Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero, magistrada que tiene en sus manos el CorreoGate. Diaz Cordero trabaja muy cerca de Garavano y fue premiada además con el envío de su pliego para jueza al Senado pese a que estuvo lejos de obtener las mejores calificaciones en el concurso para el cargo.
