El exfuncionario Aníbal Fernández había sido denunciado por ‘insolvencia fraudulenta’ para eludir un embargo, en el marco de la causa iniciada por el llamado Plan Qunita, el cual proveía de un kit para recién nacidos a los sectores con menos recursos.

El sobreseimiento fue dictado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ante la acusación de una ‘insolvencia fraudulenta’ con el supuesto fin de eludir un embargo de bienes que había determinado el juez Claudio Bonadío en la causa del Plan Qunita, en la que dicho juez, cabe destacar, había ordenado la destrucción de 60 mil moisés.

Martínez de Giorgi consideró que hay una “inexistencia de delito”, en tanto la denuncia apuntaba que Fernández había vendido dos automóviles al momento en que el juez Bonadío lo procesó y trabó un embargo en el marco de la causa que investiga los supuestos ilícitos cometidos en lo que se denomina Plan Qunita.

Si bien, las ventas de los automóviles fueron un hecho, con el dinero obtenido, el exfuncionario compró un vehículo de mayor valor de la suma en que vendió los anteriores, registrándolo, posteriormente, a su nombre y dentro de su patrimonio.

Por estas razones, el juez determinó que “no hubo actos tendientes a incumplir una obligación, ni se verificó la existencia de un fallo condenatorio firme que no fue obedecido, por lo tanto no puede considerarse que Fernández cometió el ilícito”.