El viernes 6 de julio llega a la casilla de cientos de periodistas otro mail de Prensa Presidencia. Dice en sus primeros párrafos: “El jefe de Gabinete Marcos Peña destacó hoy la importancia de la ley de regularización dominal de más de 4000 villas y asentamientos en el país, sancionada el miércoles último por unanimidad en Diputados, y señaló que es el corolario de un relevamiento que hizo la Nación para otorgarles a sus habitantes los certificados de vivienda familiar. // El proyecto fue impulsado y elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación las tierras donde existen instalaciones urbanas precarias. // El Gobierno inició el relevamiento en agosto de 2016 con la colaboración de ONGs para determinar el número de asentamientos que existen en toda la Argentina.” Es cierto: buena ley. 

Pero hay algo llamativo: lo que llaman ONGs implica en realidad a movimientos y organizaciones sociales, muchas de extracción política (peronistas, kirchneristas, de izquierda), que incluso pagaron algún costo dentro del campo opositor por haber sido parte de la logística y mano ejecutora de este relevamiento. Pero hoy es ley. Votado por el kirchnerismo más opositor también. El relevamiento arroja a grandes rasgos la existencia de más de 4 mil barrios populares, asentamientos de emergencia donde viven 3,5 millones de personas (850 mil familias). Se trata de viviendas precarias sin acceso a agua corriente ni red cloacal, y en un 70 por ciento tampoco con acceso formal a la energía eléctrica. Una de estas mismas organizaciones sociales acaba de dar cuenta de un dato que informamos en la columna pasada: “la vuelta del trueque”. Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, arroja una estimación de la cantidad de trueques en el GBA: 249 puntos. 

Constituidos como una segunda columna vertebral de la política, los movimientos sociales resultan un brazo más del Estado, un insumo para el mapeo de problemas, y una representación tenaz de los “caídos del mapa”, aunque sea en forma, muchas veces, testimonial. Que se trata de reclamos para la reducción de daño de una política económica que produce pobres lo saben esas mismas organizaciones y alcanza con leer sus declaraciones para saberlo. No son nenes de pecho, ni mastican vidrio. Acaban de comenzar una suerte de negociación paritaria con la ministra de Desarrollo Social (Carolina Stanley) en la que obtuvieron la mejora salarial para las 400 mil personas que cobran, tras la ley de emergencia, el salario social complementario. Escalará de acá a diciembre a unos 6 mil pesos. La foto que el gobierno nacional: organizaciones sociales pidiendo alimentos en la puerta de los supermercados. Otro deja vu del 2001. ¿Podrá?

Avatares de una Argentina tan representada, en un gesto inédito, la CGT oficial, en la voz de Gerardo Martínez, concretó el pedido y la reunión de la central con el FMI. El dirigente de la construcción está apremiado por una razón básica: ¿dónde pasará la poda del ajuste? ¿Por la obra pública? La ley que Peña celebra también implica un monumental esfuerzo público de saneamiento del hábitat, y sin embargo fue el mismo Dujovne cuando en mayo y para tranquilizar a los mercados aseguró un recorte en la obra pública. Para escándalo de la soberanía política, la CGT prefirió hablar con los dueños de la última palabra. 

¿En esta línea de “representaciones alertas” podrían ser tomadas las palabras de Elisa Carrió cuando pide a las clases medias que no cesen de dejar propinas? Secretaria general de sí misma, pide el derrame concreto de la copa: que cada argentino que aún puede pagarse un café o un almuerzo no deje de pagar propina, así la actividad de una economía real no se enfría del todo. Tomada lógicamente para el churrete, Carrió establece otra relación mesiánica con la maldita clase media, ese misterio argentino en el que se inscribe (autopercibe) el 80% de los argentinos. Y lo dice como si el mismo ajuste (tarifazos, devaluación, despidos, inflación) no erosionara el bolsillo de esa clase, especialmente. Salvo que circunscriba la existencia de esa clase masiva argentina a los parroquianos de La Biela. Cosa que no descartaría.