En el día de ayer  la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal decidió revocar el sobreseimiento de tres trabajadores de prensa que habían sido detenidos mientras cubrían la represión policial desatada tras del marcha del 1ero de septiembre de 2017  en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado.

Esa noche fueron detenidas 31 personas. La mayoría fueron procesadas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por los cargos de intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad.

El 6 de diciembre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones había decidido sobreseer a los trabajadores de prensa Juan Pablo Mourenza, Ezequiel Medone, y Paola Barriga Montero al considerar que no se habían cometido tales delitos.

 

El fiscal de Cámara Germán Moldes interpuso entonces un recurso de casación, que fue sostenido por su par de Casación Raúl Plée, en el que calificó a los fotógrafos y fotógrafa como “Iracundo tropel … canallas y facinerosos… bestias… horda vandálica… con altas dosis de travestismo… a quienes tocó esa vez asistir disfrazados de fotógrafos … tal vez, en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro…” entre otra cantidad de improperios.

Diferentes organizaciones como CORREPI, RNMA, SiPreBA y Bloque de Trabajadorxs Migrantes entre otros, difundiaron un comunicado en donde expresaron:

"Mientras el juez Mahiques –insospechado de cualquier desviación izquierdista- sostuvo que “la decisión [de la Cámara de Apelaciones] cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”, y votó por rechazar el recurso de los fiscales, el juez Riggi (a quien habría estado dirigida la coima de José Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra) puso de cabeza todos los principios básicos del derecho penal. Con el argumento de que “pueden quedar dudas” sobre si lxs compañerxs participaron o no en los hechos reprochados, decidió que debe continuar el proceso. Literalmente deroga el principio de inocencia y la duda a favor del imputado, con frases como que es necesaria “certeza apodíctica” para sobreseer".

"Descaradamente defiende el insostenible fallo del juez Martínez de Giorgi, revocado con reprimendas por la Cámara de Apelaciones por basarse en “afirmaciones dogmáticas” no sustentadas por prueba objetiva, y descree de la condición de trabajadorxs de prensa de lxs compañerxs, a pesar que se les secuestraron chalecos de prensa y cámaras, que se acompañó el video que dos de ellos, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, transmitían en streaming live en el momento de ser detenidos y que el SiPreBA acreditó que estaban cumpliendo tareas profesionales", sostuvieron.

"Este fallo pone brutalmente en evidencia el nivel de disciplinamiento que el gobierno de Cambiemos ha logrado sobre el aparato judicial en general, y muy particularmente sobre la justicia federal. No es casual la “renovación” de camaristas federales para impedir fallos contrarios a los intereses oficiales, ni la consolidación de nuevas “doctrinas” en espejo a los anuncios del ejecutivo, como aquello de que “la versión de las fuerzas es versión de verdad”, y, por lo tanto, poco importa lo que el resto de las pruebas muestre", expresaron.

"A su vez, sabemos que estas detenciones son parte del recrudecimiento del accionar represivo que busca condicionar la libertad de expresión de aquellxs que intentamos, desde los medios alternativos, comunitarios y populares, registrar la violencia policial y las detenciones al voleo que suelen producirse en las manifestaciones populares", dijeron.

"Conscientes de que atravesamos un verdadero período de excepción en materia de derechos y libertades democráticas, redoblaremos los esfuerzos hasta lograr la desvinculación de la causa de todxs lxs compañerxs, y seguiremos en las calles para decir que protestar no es un delito, y comunicar no es un delito", concluyeron.