Los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce estuvieron 26 días en las cárceles de Marcos Paz y 15 en Ezeiza, respectivamente. Fue tras participar de la movilización del 18D, contra el robo de 100 mil millones de pesos a los jubilados y beneficiarios de la AUH. 

Inicialmente, se los imputó por lesiones graves contra el policía Brian Escobar y hasta “atentado contra la democracia”, pero luego, a la hora de dictar su procesamiento, el juez Torres y la Cámara de Apelaciones atenuaron los cargos. Sin embargo, la Cámara determinó que debían volver a prisión mientras se sustanciaba la investigación, la cual a más de dos meses de los hechos no ha reportado ninguna otra novedad.  

"El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones es arbitrario”, señaló hoy la abogada Liliana Alaniz, integrante de Apel y una de las defensoras de Arakaki y Ponce. “En las diferentes instancias, se fueron rebajando los delitos que se les atribuyen a los compañeros, hasta llegar a tipos penales que son excarcelables y con penas muy bajas, de un máximo de cuatro años. Es insólito, por lo tanto, que la Cámara de Apelaciones dicte la prisión preventiva de César y de Dimas para que esperen detenidos el fin de la investigación. Podrían pasar más tiempo presos que lo que podría significar una eventual condena".

"Se suma a la arbitrariedad del fallo el hecho de que el juez de instrucción acaba de cerrar la investigación por lo tanto, encima, el pedido de preventiva ya resulta abstracto", remarcó la abogada defensora.

Rechazan preventiva a César Arakaki y Dimas Ponce