Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), presentó un escrito ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi donde informa la existencia de 105 mil archivos de escuchas realizadas por la AFI del macrismo. Eran recibidas a través de la DAJUDECO, parte de la Corte Suprema.

"Hay una resolución firmada por Arribas donde dice cómo va a ser el mecanismo del punto a punto, que iba a jurídicos y había un call center donde se recibían las escuchas y se analizaban", denunció Caamaño, en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo, aclaró que no se trata de escuchas ilegales, sino de un procedimiento ilícito a partir de esos archivos: "El mecanismo era ilegal, porque esas escuchas no fueron destruidas. Es material que tenía la AFI de manera ilegal".

"El objetivo era escuchar todo, para poder apretar a la gente, extorsionar, todas ilegalidades", agregó la exfiscal. Además, dijo que no se trata de una "nueva denuncia" sino que es una presentación para dar aviso de la existencia del material al juez De Giorgi.

"El juez me dijo que vio el cambio profundo en la agencia. Hay un reconocimiento de parte de los jueces federales sobre este nuevo paradigma de la Agencia Federal de Inteligencia, que ahora se está dedicando a hacer inteligencia estratégica y no espionaje ilegal o espionaje interior", apuntó.

Qué es la SIDEA y cómo funcionaba

Se trata de un sistema informático que estuvo vigente durante la presidencia de Mauricio Macri. Recibía, a través un enlace digital punto a punto, interceptaciones telefónicas realizadas por la DAJUDECO, dependiente de la Corte Suprema.

El sistema ya había sido informado a la justicia federal de Lomas de Zamora, pero nunca fue requerido ni analizado. Según informa el escrito presentado por Camaño, en un primer momento las interceptaciones "parecen haber sido ordenadas por los jueces", pero el volumen da cuenta de que no se destruían una vez entregadas a la justicia.

Además, se almacenaban conversaciones que en muchos casos no eran de interés para las investigaciones. "Vale recordar que las escuchas deben ser una medida excepcional y no una práctica habitual", explicó.

"Las escuchas tendrían que haberse destruido. Recibían por el punto a punto, y por otro lado retiraban CDs semana a semana. El punto a punto era prácticamente online, con un retraso de 24 hs", contó Caamaño.

La interventora, en su presentación, precisó que cuando el juez pedía que le devuelvan el material, "devolvían los CDs pero se quedaban con los archivos de audio".

"Hasta el 5 de marzo de 2020 (cuando el presidente Alberto Fernández le quitó a la AFI la posibilidad de actuar como auxiliar de la justicia a través del decreto 214/2020), la AFI podía colaborar en investigaciones criminales. Sin embargo, esa excepción establecía que la Agencia Federal de Inteligencia podía solamente asistir al juez competente. En los hechos, la AFI de Gustavo Arribas había logrado prácticamente que le deleguen la investigación", denuncia el documento.

Fuente: C5N.com.ar