Tras las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, respecto de las personas detenidas, cuando expresó que: “Prefiero que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”, la Comisión Provincial por la Memoria repudió estos dichos y solicitó tanto a la Corte Suprema como a la Procuración General que no convaliden declaraciones como éstas:

“Ambos poderes ignoran los recientes señalamientos del relator especial sobre tortura de Naciones Unidas y las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, señalan desde la Comisión.

Concretamente sobre Ritondo y su expresión, aclararon: “El ministro Cristian Ritondo niega la gravedad por la situación de ilegalidad en la que permanecen detenidas las personas privadas de libertad, la Comisión Provincial por la Memoria insiste en señalar la responsabilidad política por las graves violaciones a los derechos humanos que se producen de manera sistemática en los lugares de encierro”.

Agregan: “Esta frase irresponsable pretende aprovechar un clima de descontento social por el grave hecho ocurrido en la comisaría de San Justo para justificar una práctica ilegal del Estado: aunque parezca una obviedad decirlo, “amontonar” personas en comisarías que son verdaderas cuevas y en condiciones de hacinamiento extremo es un delito. Se trata, sin duda, de los delitos más graves, porque el Estado que debe ser garante de la protección de los derechos se coloca en lugar de victimario, y asume las torturas y la muerte como un resultado esperable”.

Asimismo, aseguran que el ministro Ritondo frecuentemente incumple sentencias de clausura de comisarías dispuestas por jueces por las condiciones de hacinamiento y precariedad:

“Ante la gravedad de esta desobediencia constante, lamentablemente, la Suprema Corte provincial ha resuelto no intervenir”.

“La Corte no ignora que la gran cantidad de denuncias por desobediencia que se inician en la provincia de Buenos Aires por estos hechos son archivadas sin ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal. En otros casos, algunos jueces que han fijado multas pecuniarias a los funcionarios incumplidores fueron reprendidos por tribunales superiores. Las sentencias se convierten así en meras declaraciones que no modifican la realidad y el poder judicial deja de ser garante de derechos”.

A los dichos desde la Comisión se agregan también los de Nils Melzer, relator especial de Naciones Unidas sobre torturas y otros tratos o penas crueles, que tras recorrer lugares de encierro en Argentina expresó: “Enérgicamente manifiesto mi repudio a estas condiciones y apelo a las autoridades argentinas en todos los niveles y poderes, como cuestión de urgencia humanitaria, a comprometer los recursos necesarios para mejorar las condiciones físicas de detención”.