Un cruce de datos actuales del Estado con la IGJ, realizado por el Instituto del Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, revela que casi 270 funcionarios mantienen cargos directivos en una 890 empresas privadas por lo que  incurrirían en un conflicto de intereses.
Entre los políticos detectados se destacan el Presidente, el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas.

La Ley de Ética Pública exige un lapso de dos años entre la renuncia a las compañías y la asunción en los cargos públicos, por lo que los funcionarios podrían estar quebrantándola.

En las bases de datos analizadas, Macri figura como directivo de Geometales S.A., una empresa que descubrió cobre al sur de Mendoza, cerca de terrenos del Ejército.

Por su parte, Dietrich aparece en Autocompra.com, Armoraut, Serviaut y Movilaut, aunque fuentes del ministerio de Transporte aseguran que renunció a ellas el 9 de diciembre de 2015.

Quintana ocupa 13 cargos en el Grupo Pegasus, que incluye a reconocidas empresas de consumo masivo como Farmacity y Freddo.
En tanto, Clusellas aparece en 33 cargos de 17 empresas extranjeras y 16 locales.
Existen cuatro carteras donde se destaca la presencia de funcionarios con participaciones en firmas privadas: Energía, Desarrollo Social, Modernización y Producción.

El documento elaborado por la Universidad de San Martín y coordinado por la socióloga Ana Castellani detalla: “Con la llegada de Macri a la Casa Rosada la articulación entre élites económicas y políticas adquirió rasgos cuantitativos y cualitativos distintivos. La novedad no reside en la existencia del fenómeno en sí mismo sino en la magnitud, la extensión y la visibilidad que presenta. El grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo el gobierno”,
El relevamiento permite identificar además potenciales conflictos de interés como el caso del subsecretario de Sustentabilidad Minera, Juan Manuel Biset, que figura en los registros de la IGJ como representante de la minera brasileña Vale. En la misma línea, el informe menciona los casos del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Juan Manuel Bosch, que aparece como representante de la empresa extranjera Sea and Fish Management BV, y el subprocurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Luchelli, que participa como autoridad en el Deutsche Bank Suisse.

El documento señala además que el desembarco de empresarios en la estructura del Estado alcanza a áreas como el Ministerio de Desarrollo Social, donde los presuntos beneficios asociados a la “expertise” que tendrían para aportar los hombres y mujeres de negocios no constituyen un argumento válido a la hora de diseñar e implementar políticas sociales. “Es muy poco probable justificar que para desempeñarse en la coordinación de políticas de niñez y minoridad, por ejemplo, el perfil del director de empresa sea el más adecuado. En el ministerio conducido desde diciembre de 2015 por Carolina Stanley, desembarcaron 26 altos funcionarios que figuran como autoridades de directorios o socios de empresas privadas. Una especie de ‘Ministerio SA’”, sostiene el informe. 

Los autores identifican, por ejemplo, entre los casos “llamativos” al Secretario de Coordinación, Tomás Félix Elizalde que “registra 20 cargos de autoridad en empresas locales y 4 como representante de empresas constituidas en el exterior; también hay 3 funcionarios relacionados con el área de la gestión territorial, que son socios de una misma empresa, LCDTH SRL, dedicada al servicio de expendio de comidas y bebidas”.

 

Fuente;Pagina/12 y Minuto Uno