Una jueza citó a los ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Gustavo Ferrari, pero ellos optaron por enviar a la audiencia a funcionarios de segunda línea en su lugar.

La jueza en lo Contencioso Administrativo, María Ventura Martínez, había ya ordenado mediante un recurso de amparo el desalojo de los calabozos policiales, debido a las inhumanas condiciones en que los detenidos se encontraban.

Inicialmente, el Gobierno bonaerense apeló dicha medida, pero la misma fue posteriormente ratificada por la Cámara de la ciudad de La Plata.

Luego de aquello, se dispuso una audiencia con los funcionarios para trazar un plan de acción con el fin de revertir la situación de detenciones en calabozos.

Tras la reunión, ninguno de los funcionarios realizó declaraciones. Quien sí se expresó fue Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS (quienes realizaron la denuncia), declarando al sitio Letrap que desde el Gobierno “plantearon algunas cuestiones que se están haciendo sobre la posibilidad de generar algunas plazas, pero no mostraron una planificación o decisión administrativa dando cuenta de la articulación del gobierno provincial de modificación de la política”.

Asimismo, agregó: “Hay un aumento de la tasa de encarcelamiento y una situación que desborda a la provincia, que está generando una mayor cantidad de presos en comisarías y mientras se mantenga la misma política de seguridad esta tendencia no se va a modificar. Un poco el planteo del Estado provincial es que en la situación actual es de cumplimiento imposible la medida cautelar de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo de La Plata".

Finalmente, concluyó: “Claramente entendemos que esto no se resuelve de un día para el otro, esto es una situación estructural, pero en la medida que la provincia no muestre que está impulsando políticas para modificar la tendencia, lo que nosotros damos es por incumplida la decisión de la Cámara Contenciosa”.

Fuente: Letrap