La medida tiene como argumento las restricciones presupuestarias, para así poder cubrir la falta de armamento reglamentario.

La disposición lleva la firma del comandante general Gerardo Otero, director de Gendarmería, y también anula una prohibición vigente desde el año 2013, apoyándose en la “emergencia de seguridad pública”, que rige desde 2016, decretada en aquel entonces por Mauricio Macri.

“La institución enfrenta una falta en los recursos materiales como el armamento de puño de propiedad institucional, por lo que resulta dificultosa la provisión al personal, a fin de realizar los correspondientes actos de servicio”, detalla la disposición.

En este contexto se expresó Nilda Garré, exministra de Seguridad, quien calificó la medida como “muy errada e injustificada”, agregando que: “La mayor cantidad de muertes de policías y miembros de las fuerzas se produce cuando están fuera de servicio pero van armados e intentan repeler un asalto”.

Asimismo, expresó: “Con esta decisión, no sólo no se busca limitar las armas sino que además se autoriza el uso de las personales, en la dirección contraria a la que debería impulsarse”.

Por otra parte, el fiscal Jorge Di Lello, titular de la unidad especial Armas, declaró que es “lamentable que se habilite el uso de armas particulares porque no hay plata”.

También expresaron su repudio desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), argumentando que dicha medida hará “más débil el control y la trazabilidad” del armamento y la munición.

“En los últimos años se tomaron medidas que apuntaron a limitar el uso de la fuerza letal. Pero este Gobierno parece ir en sentido contrario, tanto por los mensajes políticos de apoyo a efectivos sin esperar que la Justicia se expida hasta medidas como esta, que para nosotros es complicada porque de alguna manera borra la distinción entre lo privado y lo público”, detallaron.